Sentencia ejemplar en L'Hospitalet

EL QUE fuera alcalde socialista de L'Hospitalet, por población la segunda ciudad de Cataluña, Juan Ignacio Pujana, ha sido condenado por la Audiencia de Barcelona al considerar que cometió un delito de tráfico de influencias en la adjudicación de unas obras municipales. El tribunal no aprecia que Pujana hubiera cobrado comisiones al adjudicar las citadas obras, lo que evita al condenado la pena de cárcel.La ejemplaridad de la sentencia no viene dada por la dimensión del castigo -un mes de arresto, seis años de inhabilitación y una multa de 300.000 pesetas-. Lo destacable es que se trata de la primera vez que un tribunal dicta una sentencia acogiéndose al delito de tráfico de influencias cuya introducción en el Código Penal, en 1991, fue aconsejada por el estallido del caso Guerra.

A las sospechas sobre la conducta de algunos políticos se unía hasta ahora el malestar por la impresión generalizada de que el castigo a este tipo de conductas acababa atascándose por los vericuetos de los juzgados de los tribunales y, al final, los culpables quedaban impunes. La sentencia contra Pujana, en este sentido, demuestra lo contrario y rea firma la autoridad del referente judicial para dar la última palabra en la actual sopa de acusaciones a la clase política, veraces o no. El partido de Pujana, el PSC, reaccionó correctamente y desbancó a su hombre, de la alcaldía el mismo día en que fue procesado. Sin anticipar la condena judicial, le aplicó la doctrina de la responsabilidad política ante los, claros indicios de irregularidades que se desprendían del sumario. Se trata de la reacción más deseable ante conductas que están lejos de serio y con las que esta sociedad ha dejado de tener condescendencia.