La nueva ordenanza antirruido impone a las ambulancias luces prohibidas por ley
Madrid debiera perder algún que otro desquiciante ruido de sirenas a partir del próximo viernes. La nueva ordenanza municipal de uso de sirenas y alarmas (aprobada en abril de, 1994) entra en vigor ese día, 4 de agosto, para poner coto a las sirenas desatadas sin motivo por las calles de la capital y a las alarmas que saltan sin control de madrugada y no callan hasta que amanece. Además de limitar los niveles de decibelios y la duración del sonido de las alarmas de coches y locales, la ordenanza obliga a las ambulancias a instalar unas luces de color azul y rojo (azul para cuando van a recoger al enfermo, y rojo para cuando lo llevan dentro), pese a que la ley reserva ambos colores para las fuerzas de seguridad.Por ese motivo el Insalud ha decidido hacer caso omiso de la nueva normativa y dejar sus ambulancias como están: con la luz ámbar (igual que los bomberos). El jefe del departamento municipal de Niveles Sonoros y padre de la ordenanza hace un año, Plácido Perera, explica que se están estudiando ahora con la Dirección General de Tráfico los dispositivos que se podrían instalar.Las ambulancias del Samur -servicio municipal de urgencias- cumplen el viejo adagio que atribuye cuchillos de palo a la casa de los herreros: ninguna ambulancia municipal cumple la ordenanza que aprobaron los concejales.El concejal de Sanidad, Simón Viñals, no acaba de creerse el caos de colorines: "¡Pues que me digan de qué color quieren los destellos", señaló.
Empresarios de Ambulancias
Los empresarios de ambulancias piden al alcalde que suspenda la norma de sirenas y pacte otra
A los propietarios de locales, pisos o coches con alarmas también les afecta la nueva ordenanza. A partir del viernes podrán ser sancionados (hasta 25.000 pesetas) si sus aparatos se disparan durante más de 60 segundos; y sólo podrán repetir su estrépito cinco veces con intervalos de medio a un minuto de silencio entremedias.Perera no sabe cuántas alarmas funcionan en Madrid. Pero a modo de indicación señala que uno de cada cuatro pisos y nueve de cada diez comercios tienen un dispositivo de seguridad ruidoso.
Los fabricantes e instaladores de alarmas consultados por este diario afirman que los nuevos aparatos que se coloquen cumplirán la ordenanza. Perera se fía de los fabricantes y dará por buenos los certificados que expidan.
Un portavoz de la multinacional francesa Fichet explica que su empresa ha diseñado alarmas versátiles y programables que pueden modificar fácilmente sus características técnicas. "Como no hay una ley estatal, cada ayuntamiento sale con una normativa diferente: nos vuelven locos", explica.
Para otras compañías, la nueva ordenanza abre posibilidades comerciales. La empresa Frades ha enviado cartas a sus clientes para que se animen a pagar las 15.000 pesetas que cuesta como máximo modificar una alarma.
El encargado de proyectos, Manuel Cortés, explica que un 20% de los clientes prefiere la alarma tradicional que no para de sonar hasta que se desconecta. Pero otro 40% exime a los vecinos del incómodo ruido porque su aparato está conectado con una central de alarmas: el último grito. También, muchos piden que se les instale un aparato de pega (vacío por dentro) en el exterior del local, para disuadir a los ladrones.
Eso sí, si el caco corta los cables de la alarma, ésta no para de sonar hasta que agote su batería (dos días) o intervenga un técnico. Algo inútil en opinión de los expertos, quienes consideran que después del primer minuto de sonido la alarma ya no es operativa: o el ladrón ha huido o ya se ha llevado lo que quería.
Mariano Gallego, de Panam Security, fabricantes de dispositivos de seguridad, explica que hay miles y miles de alarmas viejas que no se han cambiado que saltan sin motivo. Sus dueños, se enfrentan ya al riesgo de multa.
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