Brasil afronta sus crímenes de Estado

LA DECISIÓN que ha adoptado el nuevo presidente de Brasil, Henrique Cardoso, de reconocer en nombre del Estado los crímenes que sus agentes cometieron durante el periodo dictatorial de 1964 a 1985 tiene un valor ejemplar para otros casos semejantes. Son 21 años durante los cuales no hubo en Brasil ni libertades democráticas ni respeto a los derechos humanos. Es más, durante ese periodo, al menos 136 personas, principalmente militantes de los partidos de izquierda y defensores de los derechos humanos, fueron asesinados por funcionarios públicos.En la decisión del presidente Cardoso aparecen tres puntos muy positivos: primero, se hace público el hecho monstruoso de que el Estado brasileño cometiera esos crímenes por su propia responsabilidad; segundo, las familias de los 136, asesinados recibirán una indemnización de entre 12 y 19 millones de pesetas; y tercero, se ha establecido que cada familia recibirá un certificado oficial reconociendo el crimen del que han sido víctimas sus esposos, hijos u otros de sus miembros.

Con estas medidas, la sociedad brasileña y la opinión pública internacional tienen un reconocimiento oficial de que ha sido el Estado brasileño el culpable de esos crímenes. No cabe duda de que han sido los militares, y en algún caso la policía, los culpables personales. Por ello, resulta rechazable que el Estado se haya quedado a mitad de camino y se niegue a dar testimonio, ante los familiares, del lugar y, de las condiciones en que tuvo lugar el crimen.

La razón invocada por el presidente es que existe una ley de amnistía del año 1979 en virtud de la cual se prohíbe todo posible juicio contra los culpables de haber cometido crímenes presumiblemente en defensa del Estado. Si se facilitara a las familias datos sobre las circunstancias del asesinato de sus familiares, ello les permitiría realizar averiguaciones sobre los presuntos culpables. Por lo tanto, la solución adoptada es la de un silencio total sobre las circunstancias concretas que rodearon los asesinatos.

Este primer paso dado por el presidente Cardoso, positivamente acogido por los familiares de las víctimas, dará lugar probablemente, al menos en ciertos casos, a nuevas gestiones para un esclarecimiento más completo de lo ocurrido. En primer lugar, la cifra misma de 136 asesinados no es completa. Varios miembros de la propia Comisión de Derechos Humanos constituida en el Congreso brasileño ya han anunciado que será preciso incorporar a la lista un número importante de víctimas que no figuran en ella.

Por otra parte, aunque se acepte en principio la vigencia de la amnistía de 1979, lo más probable es que surjan casos específicos que las familias quieran conocer. El hecho en sí de que el Estado haya reconocido que es culpable de 136 asesinatos, una cifra aterradora, exigirá del propio Estado que no deje en el aire ese crimen colectivo, sino que responda con las precauciones que juzgue necesarias a las demandas de muchas familias deseosas de recibir una información más completa.