El presidente del sindicato de funcionarios prepara su dimisión tras un escándalo inmobiliario
Un nuevo caso PSV, sobrevuela los tejados inacabados de unas 120 viviendas en los municipios madrileños de Meco y Cobeña promovidas por la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Su presidente, Antonio Corrales, anuncio ayer que iba "a traspasar los poderes a su segundo" tras conocerse que su sindicato era el promotor de dos urbanizaciones ahora paralizada y con una deuda de 400 millones de pesetas.Corrales afirmó ayer, tras reunirse con los abogados del sindicato, que se sentía "muy dolido y preocupado" porque, según él, lo unico que se ha producido es la quiebra de la empresa constructora Profehor. Según Corrales, "tres de sus proveedores la han denunciado por impagos y la constructora se ha declarado en quiebra". El presidente del sindicato reconoce que ha mantenido relaciones con el administrador de esta constructora, Carlos Isidro Prieto, y que, como es habitual en todas las promociones de CSIF, ellos han percibido el 1,5% del valor de cada propiedad por los costes de difusión. "Esto es algo que está estipulado por contrato y que nuestros afiliados y compradores conocen", declara.
La comunidad de vecinos afectados por la paralización de las viviendas de la localidad de Meco apuntan a Prieto como responsable de lo que. ellos consideran una estafa y afirman que éste actúa a través de Julián Legaz, su gestor, y auténtico artífice de que el dinero de los compradores se haya utilizado para tapar "otros agujeros" del constructor. Prieto no respondió ayer a las reiteradas llamadas efectuadas para contrastar su opinión,
Las obras están paralizadas desde hace seis meses y los propietarios esperan que el sindicato aporte la ayuda financiera necesaria para terminar sus casas. Según afirmaba uno de los compradores, la CSIF les había prometido una ayuda de 30 millones de pesetas, pero hasta el momento no han recibido ninguna confirmación de este hecho.
Corrales dice que lo que más le preocupa es la defensa de las per sonas que depositaron su confianza en el sindicato y que intentarán ayudarles para que "esto no se convierta en un problema social", pero no especificó en que iba a consistir esa ayuda. Las 120 viviendas promovidas por CSIF tienen un precio que oscila entre los 11 y los 16 millones de pesetas, dependiendo del tamaño de éstas. La mayoría de compradores ha entregado casi la totalidad del precio de venta con créditos concedidos por Ibercaja. La constructora ya tiene ese dinero en su poder y las obras siguen paradas.
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