Industria pública

EL EXCESO de perturbaciones en la convivencia política hace últimamente difícil apreciar en toda su extensión algunas decisiones de política industrial de gran alcance que se están tomando. Es el caso de la denominada reordenación del sector público industrial, cuyo decreto-ley, aprobado recientemente en el Consejo de Ministros, se presentará próximamente en las Cortes. Entretanto, los ciudadanos contemplan sorprendidos cómo una de las empresas públicas más importantes, la eléctrica ENDESA, concreta decisiones de inversión en campos muy lejanos a su actividad y ultima alianzas supuestamente estratégicas sin que medien explicaciones sobre la racionalidad empresarial o política de las mismas.La definitiva desaparición del Instituto Nacional de Industria (INI) es la más emblemática e inmediata de las consecuencias que se derivan de esa reordenación de las empresas públicas industriales. Se cierra así una época en la que se asumía, amparándose en justificaciones ideológicas y políticas diferenciadas según el momento, la necesidad -de un sector público industrial potente y la de su coordinación bajo la estructura de ese instituto nacido hace medio siglo a imagen y semejanza del mussoliniano IRI. La eficiencia de esa institución ha sido desigual y, al menos, hasta hace relativamente pocos años, ha servido de hospital de empresas inviables, abandonadas por la iniciativa privada, cuya supervivencia ha estado asistida por ese permanente balón de oxígeno que son los recursos públicos. La integración europea, la magnitud del déficit público y, en todo caso, el sentido común, han terminado por forzar una solución que hoy está más cerca de la racionalidad.

Si con la creación de Teneo los actuales responsables del INI ya habían dado un paso en la dirección de mayor clarificación, al diferenciar las empresas refugiadas bajo ese paraguas dependiendo de su capacidad para competir sin la asistencia de los recursos públicos, la decisión ahora adoptada, sin paliar las dificultades financieras de algunas empresas de ese grupo, avanza en esa misma dirección de mantener las cuentas claras. La diferenciación entre empresas viables y las que no lo son se refuerza ahora con la formalización jurídica de compromisos que se presentan como irreversibles. El más importante es la traslación de la deuda del INI (690.000 millones de pesetas) al grupo de empresas viables que se, agruparán bajo la denominada Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI): el grupo Teneo más las empresas del Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH), cuya empresa más importante es Repsol. Se trata de un holding sujeto al derecho privado que, además de hacerse cargo de la deuda del INI y de sus costes financieros, dejará de disponer del, aval del Estado para la formalización de sus operaciones financieras.

Aislado este grupo saneado, el resto de las empresas en que el INI tenía participación, consideradas en proceso de reconversión o de mera liquidación (Hunosa, Corporación Siderúrgica, Astilleros, etcétera), se agruparán en la denominada Agencia Estatal para la Industria (AEI), a la que no se reconocerá capacidad de endeudamiento, aunque siga vinculada a los Presupuestos Generales. Si no hay una clara orientación en estas reconversiones, no se hará otra cosa que desplazar la localización de sus pérdidas.

Es imprescindible disponer de una estrategia clara sobre el futuro de esas empresas, lo que equivale a disponer de acciones reductoras de su peso sobre los recursos públicos. ¿Existe tal plan? No está claro. Convendría que el ministerio diera información más explícita que la publicada en el BOE.

También faltan explicaciones sobre las últimas decisiones de ENDESA: la entrada en el capital de Antena 3 TV y la no menos sorprendente alianza con el Banco Central Hispano. Si en un sector tan regulado como el eléctrico, las decisiones de diversificación deben ser evaluadas con mucha atención, más cuando la propiedad mayoritaria de la empresa es pública. La coincidencia de esas dos decisiones con el fin de la legislatura deja la impresión de incorrecta administración del dinero público.