Un proceso imparable

A principios de la semana que entra el juez Baltasar Garzón elevará una exposición motivada al Tribunal Supremo en la que explicará que hay indicios fundados de que José Barrionuevo, ex ministro del Interior y hoy diputado socialista, participó en la creación de los GAL y ordenó el secuestro de Segundo Marey. El magistrado preguntará si a la vista de esos indicios, y dado que Barrionuevo es aforado y sólo puede ser procesado por el alto tribunal, debe remitir todo el caso GAL a la Sala Segunda.Es previsible que el magistrado señale también -para que el Supremo actúe en consecuencia- que ha habido acusaciones de que el presidente del Gobierno, Felipe González, aprobó la estrategia de los GAL, junto con el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, y el entonces secretario general del PSE-PSOE, Txiki Benegas, según las declaraciones prestadas por el ex socialista Ricardo García Damborenea.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional también ha visto claros los indicios que hay en el sumario contra el ex ministro y comparte la idea de que no puede seguir el proceso sin considerarle formalmente imputado, por lo que ha recomendado a Garzón que remita la causa al Supremo.

Los indicios que han puesto contra las cuerdas al responsable de la lucha antiterrorista en la etapa en que actuaron los GAL, entre 1983 y 1987, son varios. El primero, las declaraciones de los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados a 108 años de cárcel cada uno por seis asesinatos frustrados en los atentados contra los bares Batxoki y L a Consolation. Los ahora arrepentidos decidieron en diciembre de 1994 contar al menos una parte de lo que sabían y acusaron a sus superiores y al Gobierno de ser responsables de la guerra sucia contra ETA.

Sus declaraciones autoinculpatorias en lo referido al secuestro de Segundo Marey supusieron, en un primer momento, los procesamientos como creadores de los GAL del ex-director general de Seguridad, Julián Sancristóbal; el ex jefe del Gabinete de Operaciones Especiales del Ministerio del Interior, Francisco Álvarez, y el ex jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo. Además, resultaron implicados directamente en la operación otros policías de menor rango como Julio Hierro y Francisco Saiz Oceja, que participaron en funciones de traslado del secuestrado, y Juan Ramón Corujo y Luis Hens, que custodiaron a Marey durante los días que permaneció secuestrado en una cabaña en Cantabria. Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSOE de Vizcaya, también fue inculpado por el secuestro.

Amedo y Domínguez no han confesado ningún delito de sangre, a pesar de existir indicios claros de su participación, al menos, en el atentado más sangriento de los GAL, contra el café del hotel Monbar, de Bayona (Francia), en el que murieron cuatro presuntos etarras. Los ex policías apoyaron sus declaraciones con pruebas. Por un lado, varios comunicados, manuscritos originales de algunos de los acusados, que los GAL emitieron para reivindicar atentados. Los dictámenes periciales caligráficos, a pesar de las iniciales negativas de los jefes de Amedo a reconocer su letra, fueron contundentes: la cúpula de la policía en Bilbao había elaborado los comunicados.

Por otro, los ex policías desvelaron la ubicación de los pisos usados por los GAL en las calles Sabino- Arana, 51; Simón Bolívar, 21, y Ferrocarril, 3, todos "de Bilbao y alquilados con fondos de la Jefatura Superior de Policía.

Amedo se explayó en la explicación de cómo usaban los mercenarios los contestadores automáticos que había en los pisos y cómo Saiz Oceja, primero, o Michel Domínguez, después, recogían los recados que allí se dejaban, entre otros por los policías franceses vinculados a los GAL, Jean Louis y Guy Metge, o los reclutadores de mercenarios Christian Hitier y Jean Philippe Labade. Los alquileres costaron 900.000 pesetas y existen pruebas, como extractos de cuentas de los bancos donde se pagaban los recibos.

Amedo, especialmente, detalló el secuestró de Marey, el paso de la frontera y cómo se le trasladó a una cabaña en Colindres (Cantabria). La versión facilitada por Amedo fue negada de plano por todos los implicados. Los dos ex policías que mientras estuvieron callados en la cárcel eran considerados en medios policiales y del Gobierno hombres de honor y poco menos que héroes por luchar contra ETA con sus propias armas, se convirtieron en traidores y su palabra dejó de tener valor para muchos.

Los datos proporcionados por Amedo se van corroborando poco a poco. El jefe de policía de Pamplona, Eduardo Couto, confirma que la noche del 4 de diciembre de 1983, desde el puesto fronterizo de Dantxarinea (Navarra) le advirtieron que un policía de Bilbao, llamado Amedo, quería pasar la frontera con Segundo Marey, Mohand Talbi y Jean Pierre Echalier. Couto decidió avisar a su superior, que no era otro que Luis Roldán, por entonces delegado del Gobierno en Navarra. Roldán confirma el relato de Couto y precisa que él llamó a Rafael, Vera y que éste le dijo que no se preocupase de nada, que era una operación de Bilbao.

El cerco se iba estrechando, se visita la cabaña de Colindres y al mismo tiempo se reabre el sumario 1 / 88, por los atentados a los bares Batxoki y La Consolation, por el que Amedo y Domínguez fueron condenados en 1991. Las esposas de los dos ex policías añaden más leña al fuego. Ambas re conocen, con documentos en la mano, que mientras sus maridos estaban en prisión cobraban entre 450.000 y 600.000 pesetas mensuales; que las dos, en diferentes momentos, fueron sometidas a sendas operaciones quirúrgicas que fueron satisfechas con los fondos reservados de Interior y que realizaron cuatro viajes a Suiza, donde ingresaron 200 millones cada una en cuentas a su nombre y al de sus maridos. De probarse estos hechos, y Garzón tiene hasta, los maletines negros en los que recibieron el dinero, constituirían delitos de malversación continuada de caudales públicos para encubrir seis asesinatos frustrados y varios delitos monetarios, con penas superiores a los 12 años de cárcel.

De resultas de esta nueva andanada caen el ex secretariode Estado para la Seguridad, Rafael Vera; su secretario particular, Juan de Justo, y los dos enviados a Suiza para llevar el dinero, el comandante de la Guardia Civil Félix Hernando y el comisario Aníbal Machín. De Justo, primero, y Vera, después, organizan un festival ¿te recusaciones a los jueces instructores, Garzón y Carlos Bueren.

En el ámbito político y judicial se desala una polémica sobre si Garzón -que ha vuelto de la política seis meses antes- debe dejar el caso o no. Las objeciones son más éticas que legales. Precisarciente fue una ley socialista la que permitió el regreso del magistrado desde su condición de diputado y Secretario de Estado. Los políticos atacan a Garzón, especialmente desde ámbitos socialistas y del Gobierno, mientras el Consejo General del Poder Judicial le defiende. En medios judiciales hay más críticas que elogios. Se le acusa de actuar correctamente, pero por motivos espurios.

FInalmente, tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que resolviera que la recusación no era procedente. Barrionuevo, prácticamente desde el primer día, no dejó de arremeter contra Garzón. Barrionuevo no renuncia al acta de diputado e incluso ha sido incluido en la Diputación Permanente de la Cámara, de forma que seguiría aforado incluso si se disolviesen las Cortes.

Así las cosas, en Semana Santa Garzón procesa a todos los acusados, con un relato de hechos muy duro. El auto supone un vuelco. Garzón dispone de pruebas, además del testimonio de Amedo.

Los procesados empiezan a ser puestos en libertad provisional por la Audiencia, a excepción de Julián Sancristóbal, del que dicen que dispone de gran capacidad económica y que puede fugarse. Planchuelo vuelve a la cárcel por decisión de Garzón, acusado de inductor de los seis asesinatos frustrados de los bares Batxoki y Consolation. Él había autorizado el viaje de Amedo a Lisboa y lo pagó con fondos reservados. Allí, Amedo y Domínuez se entrevistaron con Jean Philipe Labade y reclutaron a los mercenarios portugueses Antonio Jorge Ferreira, Paulo Figueredo, Rogerio Carvalho da Silva, Mario Correia da Cunha y Wolfango Pereira de Macedo.

La reconstrucción del viaje está clara, con pruebas como los recibos de las facturas del Hotel Ritz, de Lisboa, del restaurante O Pescador, de Cascais, que Amedoabonó con su tarjeta Visa, aunque después le fue repuesto el gasto con fondos de la Jefatura de Bilbao. Están acreditados también los alojamientos de los mercenarios en los hoteles Nervión, de Bilbao; Orly y Niza, de San Sebastián, y Alcázar, de Irún, así como la forma de operar en ambos atentados. El saldo fue. de seis personas heridas, algunas de gravedad.

El acoso de Garzón a los procesados se convierte en una pesadilla para Planchuelo. Sigue en prisión y el Ministerio de Justicia e Interior le ha suspendido de empleo y sueldo tras el procesamiento, ha sacado a concurso su plaza de comisario de Salamanca y le va a echar de su vivienda oficial. Para colmo, se encuentra enfermo, con una artrosis degenerativa, y su familia atraviesa enormes dificultades económicas. Planchuelo no entiende por qué su ministerio no sólo no le protege, sino que le ha abandonado. Ni siquiera el hecho de que el PSOE haya pagado la fianza de 200 millones de pesetas a Rafael Vera le afecta más de lo que ya está. Y decide cantar. Un canto limitado, pero canto al fin.

Planchuelo acude al juzgado de nuevo e implica primero al Cesid y a mandos de la Guardia Civil, pero también a Barrionuevo. De lo suyo, sólo reconoce participación en el secuestro de Marey, pero ningún delito de sangre.

Inmediatamente Sancristóbal, Álvarez, y los demás policías se suman al coro. De moniento son siete, y todos dicen lo mismo: Barrionuevo daba las órdenes y alguien con responsabilidades superiores en el Gobierno, aunque sin citar nombres, había aprobado la estrategia. Todos reconocen su responsabilidad en el secuestro de Marey, pero nada más. Se asume genéricamente la culpa por los GAL, pero nadie engorda sus más que probables responsabilidades penales. Todos sugieren que hay que buscar una "solución global" e incluso sus abogados llegan a proponer una ley de "punto final".

El ochote (en el País Vasco, grupo de ocho voces masculinas que cantan a capella) lo completa García Damborenea. Acusa a González de ser el máximo responsable de los GAL y de haber aprobado la estrategia del grupo terrorista, aunque precisa que el presidente del Gobierno no estaba al tanto de las operaciones concretas, del día a día. El antiguo líder del PSOE de Vizcaya aporta al juez datos y testigos de sus entrevistas con González sobre los GAL y afirma en privado que tiene pruebas materiales contra él -una nota manuscrita y unas cintas, según fuentes próximas a García Damborenea- y que si es necesario las presentará. Fanático de la guerra contra ETA por cualquier medio, organiza una rueda de prensa explosiva tras declarar ante Garzón y elogia el terrorismo de Estado. Él no está arrepentido de nada, proclama.La reacción de González no se hace esperar y desmiente rotundamente todas las acusaciones, alegando que ahora es su enemigo político y que ha hecho campaña con el PP. El jefe del Ejecutivo anuncia la presentación de una querella contra García Damborenea, como ya hizo con Amedo, sin éxito, cuando acusó al Gobierno de estar detrás de los GAL.

Los indicios contra Barrionuevo son muy serios. Los cuatro procesados que estuvieron reunidos en la Jefatura Superior de Bilbao tras descubrir que al secuestrar a Marey se habían equivocado de persona, Sancristóbal, Álvarez, Planchuelo y García Damborenea, aseguran que el primero habló con Barrionuevo en presencia de los otros y que el entonces ministro del Interior les dijo que había que seguir adelante.

Las declaraciones de Ricardo García Damborenea, por el momento, son sólo eso, declaraciones, es decir, la palabra de uno contra la de otro. Aunque sus acusaciones a González parecen guardar cierta lógica con otros elementos que figuran en el sumario y con los indicios contra Barrionuevo, se enfrentan a la rotunda negativa del jefe del Gobierno y al argumento de la falta de pruebas. El estacazo político ha sido brutal, aunque en el plano jurídico el efecto sea mucho más limitado. Ningún jurista cree que con la mera declaración de García Damborenea se pueda condenar a González.

Mientras tanto, Garzón formalizará la exposición de motivos de su comunicación al Supremo sobre los indicios contra el aforado Barrionuevo, pero hasta que éste conteste continuará instruyendo, buscando pruebas y citando a declarar a testigos, presumiblemente los que García Damborenea, señaló como presentes en sus reuniones sobre los GAL con González.

El desfile de altos cargos del Cesid y la Guardia Civil con responsabilidades en la lucha antiterrorista y sospechosos de relación con los GAL está a punto de iniciarse el sumario del Monbar, que a partir de ahora será el buque insignia de la investigación. El comandante y ex mando del Cesid Juan Alberto Perote todavía no se ha decidido a hablar, pero nadie pensaba a finales de 1994 que cualquiera de los nuevos inculpados lo fuera a hacer.

Tiempo al tiempo, dice el fiscal Pedro Rubira. En breve pueden abrirse investigaciones sobre los asesinatos de Ramón Oñaederra y Mikel Goikoetxea y al atentado en el que resultó muerto Pedro Goikoetxea. Domínguez leyó a emisoras de radio las reivindicaciones de estos crímenes en nombre de los GAL, a petición de Álvarez y Planchuelo. Medios jurídicos creen que, abierta la caja de los truenos, esto no ha hecho más que empezar.