Damborenea acusa a González de autorizar los GAL

Ricardo García Damborenea, secretario general de los socialistas de Vizcaya en las fechas del secuestro de Segundo Marey, compareció ayer ante el juez Baltasar Garzón con una contundente acusación, que no respaldó con datos ni pruebas. Según su testimonio, el presidente del Gobierno, Felipe González, es el máximo responsable de los GAL. Damborenea precisó que González no autorizaba la realización de cada uno de los atentados, pero sí fue quien aprobó la estrategia responsable de la creación de los Grupos Antiterroristas de Liberación.El ex dirigente del PSOE confesó su participación en el secuestro de Marey (4 de diciembre de 1983) y aseguró que se había reunido en varias ocasiones con Felipe González para hablar sobre las acciones de los GAL y sus efectos. Implicó también directamente a todos los que tenían en esa época responsabilidades en la política antiterrorista, tanto en el Gobierno como en el PSOE. Mencionó expresamente a los entonces ministros de Defensa, Narcís Serra, y del Interior, José Barrionuevo; al secretario general del PSE-PSOE, Txiki Benegas, y a los secretarios provinciales del partido en Euskadi, que por aquellas fechas eran el propio García Damborenea (Vizcaya), Enrique Casas (Guipúzcoa), asesinado por ETA, y Angel Gavilán (Álava).

Damborenea, que en las últimas elecciones generales y vascas pidió el voto para el Partido Popular -fue expulsado del PSOE en 1990-, no aportó pruebas al magistrado sobre los extremos de su declaración; y aunque explicó que había hablado con Felipe González sobre los GAL "en unas cuantas ocasiones", no precisó las fechas de esos encuentros.

Declaraciones calculadas

Tras las últimas declaraciones de los policías implicados en el caso GAL, el político vasco -uno de los 16 procesados por Garzón- había pedido al juez que le citase a declarar, aunque el miércoles lo negó precisando que su comparecencia en la Audiencia Nacional no era voluntaria ya que él no tenía nada de qué arrepentirse. Sin embargo, lo tenía todo calculado. Tal como había anunciado la víspera, inmediatamente después de contarle_ todo al juez Damborenea se reunió con los periodistas en una rueda de prensa en un hotel, en la que dio rienda. suelta a sus acusaciones. La sala la reservó la noche anterior, abonando una factura de 90.000 pesetas más IVA, según informa Cinco Días.

El ex secretario general de los socialistas de Vizcaya asumió ante Garzón su responsabilidad en el secuestro de Segundo Marey. Ratificó punto por punto los testimonios de Julián Sancristóbal, Francisco Álvarez y Miguel Planchuelo sobre la reunión mantenida en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la que Sancristóbal habló presuntamente con Barrionuevo para decidir qué solución le daban al secuestro, por error, de Segundo Marey. Según los, testimonios que ahora mantienen varios procesados, Barrionuevo ordenó que siguiesen adelante con el secuestro para presionar a las autoridades francesas en la lucha contra ETA.

Las decisiones operativas directas eran adoptadas, según dijo Damborenea al juez, por los que las tenían en aquellos momentos, y señaló que en una organización jerarquizada como son los aparatos del Estado, el de abajo no hace nada que no cuente con el visto bueno del de arriba.

La sorprendente declaración de García Damborenea tiene un efecto demoledor contra el Gobierno desde el punto de vista político, aunque su eficacia es limitada desde el punto de vista judicial porque no aporta pruebas. Aun, así, según fuentes de la Audiencia Nacional, el testimonio de este procesado tiene fuerza porque corrobora otras declaraciones y lleva a los jueces un elemento de convicción de que todos ellos están diciendo la verdad cuando afirman que Felipe González era el máximo responsable de la estrategia de los GAL.

El problema es que ni Damborenea, ni Sancristóbal, ni ninguno de los policías asume otros hechos delictivos diferentes al secuestro de Segundo Marey. Para los magistrados de la Audiencia, la colaboración con la Justicia de los procesados no es tal, sino que están buscando otra línea de defensa diferente a la mera negación de los hechos, que era la que mantuvieron hasta la semana pasada.

Realmente, la autoinculpación de todos ellos es limitada, pues sólo reconocen haber participado en el secuestro de Marey, un delito que ellos sostienen que está prescrito. Del resto de la treintena de atentados asumidos por los GAL -entre ellos 22 asesinatos- nadie sabe nada. Hay un reconocimiento de responsabilidad política global, pero no una responsabilidad penal.