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El Gobierno enviará al Parlamento, su propio proyecto de Presupuestos e intentará pactar después

No habrá pactos formales con ninguna fuerza política para los Presupuestos del año que viene antes del próximo 30 de septiembre. Éste es, al menos de momento y si no hay acontecimientos imprevistos, el plan de trabajo del Gobierno, tras la ruptura con CiU. No se excluyen conversaciones previas sobre las líneas maestras del Presupuesto, en especial con los nacionalistas catalanes, que permitan llegar al primer trámite de enmiendas a la totalidad -el próximo mes de octubre-con un pacto. El Ministerio de Hacienda; por su parte, continuará el trabajo normal de preparación de los Presupuestos, donde se incluye una subida por encima de la inflación prevista (3,5%) de las tasas que se cobran por determinados servicios públicos.

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El déficit público creció un 3,6% en el primer semestre por la debilidad de los ingresos

La ruptura por parte de Convergencia i Unió del apoyo global al Gobierno ha dejado a éste con las manos relativamente libres para aprobar el proyecto de Presupuestos del año que viene sin más disputas que las internas. El objetivo, inamovible, es cumplir el Programa de Convergencia, que prevé un déficit del 4,4% del PIB para el conjunto de las Administraciones Públicas. Las vacilaciones de CiU al respecto y la deliberada indefinición del PP, han aconsejado al Ejecutivo no adoptar compromisos previos en la primera fase de aprobación de los Presupuestos.El plan de trabajo, hasta el momento, es que los Presupuestos se aprobarán por el Gobierno el próximo 30 de septiembre, fecha límite para enviarlos al Parlamento. No se excluyen contactos informales como los desarrollados hasta ahora con los nacionalistas catalanes, pero sin la perspectiva de hacer público un acuerdo formal antes de esa fecha. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tiene que seguir, por otra parte, con su apretada agenda de trabajo en el extranjero, derivada de la presidencia española en la Unión Europea.

Desde el Ministerio de Economía y Hacienda esta nueva estrategia. no deja de suponer un alivio, aunque sólo sea de un par de meses. A la complicada negociación del pasado año en esta primera fase, con varios frentes abiertos a la vez -la negociación con CIU y el PSOE y las habituales tiranteces en el seno del Gobierno- se añadió el hecho de que hasta finales de año los nacionalistas catalanes seguían poniendo condiciones para aprobar el Presupuesto.Mayoría simple

La prueba de fuego se deja para octubre, cuando el Parlamento tenga que aprobar o rechazar las posibles enmiendas a la totalidad con petición de devolución al Gobierno de los Presupuestos. Si CiU se abstiene (17 escaños) en esa votación y el PP e Izquierda Unida -la famosa pinza- votan en contra (159 escaños en total), los 159 votos afirmativos del PSOE no serán suficientes para sacar adelante el proyecto de ley, porque se necesita mayoría simple; es decir, la de los diputados presentes. El total de escaños en el Congreso es de 350, dos menos si se quitan los correspondientes a Herri Batasuna. El PNV (5 escaños) ya ha anunciado que decidirá cuando conozca los presupuestos y queda por saber qué harán los grupos minoritarios.

El Gobierno necesitará llegar a ese trámite con algún pacto previo y, lo más probable, pese a todo, es que éste provenga de los nacionalistas catalanes. En esa fecha pueden. celebrarse las elecciones autonómicas en Cataluña y Felipe González ya ha advertido que no gobernará ni un solo día sin apoyo parlamentario suficiente. Como armas disuasorias se barajan una vuelta atrás en las concesiones realizadas a CiU en los presupuestos de este año y la eliminación del sistema por el que las autonomías participan en el 15% del IRPF que debe renovarse o no para el año que viene.

La negociación hasta esa fecha se encuadra dentro del propio Gobierno. Hasta ahora, el ministro de Economía ya ha celebrado reuniones con cada uno de los demás ministros -queda el de la Presidencia- para cerrar lo que a cada uno le corresponde del recorte cercano al billón de pesetas que se quiere aplicar en el gasto. En los gastos no comprometidos -prestaciones sociales, deuda pública, sueldos de los funcionarios- el recorte medio es del 15%.IVA del 4%En cuanto a los ingresos, aún no hay una decisión final sobre si se recortarán algunas deducciones fiscales, como las que se aplican por vivienda y gastos de enfermedad. Tampoco está decidido, aunque sí a estudio, la eliminación del' tipo superreducido del IVA (el 4% en la actualidad).

Por el contrario, sí que está prácticamente decidido subir las tasas por servicios públicos en mayor porcentaje que la inflación prevista (el 3,5% el año próximo). Hacienda está, en este sentido, a la espera de las propuestas de los distintos ministerios y de aclarar desde el punto de vista normativo qué tipo de tasas son competencia del Estado y los Organismos Autónomos para ver cuáles pueden modificarse.

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