Los ministros Belloch y Lerma, contrarios a una ley de 'punto final' para el 'caso GAL'

Los ministros de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y de Administraciones Públicas, Joan Lerma, coincidieron ayer con juristas y políticos en el rechazo a una ley de punto final para zanjar el caso GAL, propuesta por el abogado Manuel Murillo, defensor de uno de los implicados en el terrorismo de Estado: Francisco Álvarez, ex jefe superior de Policía de Bilbao. Belloch aseguró en Bruselas que no cree en las leyes de punto final y que las experiencias de otros países le parecen "muy negativas". Todos los políticos que se pronunciaron sobre la materia -entre ellos, Julio Anguita por IU e Iñaki Anasagasti por el PNV- coincidieron con portavoces de colectivos de profesionales de la justicia y otros juristas en el rechazo de tal medida.

La primera respuesta a la propuesta del letrado Murillo procedió de otro abogado, el representante de la acusación popular en el caso GAL, José Luis Galán, quien encuadró las declaraciones inculpatorias de varios de los procesados ante el juez Baltasar Garzón en "una operación global", encaminada a que "asuman los de arriba sus culpas y se vaya en el camino de una solución final, una ley de punto final".Galán se mostró contrario a tal medida, que, según dijo, sólo podría ser "fruto de un debate a nivel nacional y para ello se debe de conocer toda la verdad: quién mató a esos 30 ciudadanos [los asesinados por los GAL], quién apretó el gatillo, quién puso las bombas, quién financió las operaciones y cuánto dinero se llevó cada uno, y que lo devuelvan".

Por su parte, Belloch, que compareció ayer ante la comisión jurídica del Parlamento Europeo para presentar las prioridades de la presidencia española en sus dos áreas de competencia -Justicia e Interior- se mostró contrario a una ley de punto final sobre el caso GAL, según informa desde Bruselas Juan Carlos González.Funcionamiento institucional

Al rechazar una ley de punto final, el ministro se mostró partidario de un "funcionamiento razonable y normal de las instituciones", un ejercicio que es considerado como "fundamental en un Estado de derecho". Desde su punto de vista personal, Belloch considera que "debemos sostener todos la conveniencia y la utilidad de que se realice" la investigación sobre los GAL.

Otro miembro del Gobierno, el nuevo titular de Administraciones Públicas, Joan Lerma, que compareció en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados para explicar sus proyectos, expresó su opinión: "Todos los hechos relacionados con los GAL hay que esclarecer los y naturalmente tiene que tener cada uno su responsabilidad".

Por su parte, el coordinador general de IU, Julio Anguita, declaró ayer: "No podemos estar de acuerdo con una ley de punto final para el caso GAL. Todo lo relativo a este asunto se debe investigar exhaustivamente, caiga quien caiga". Anguita, tras su entrevista con Felipe González, señaló que le sorprendía "la coraza que se ha extendido en torno a Barrionuevo". Añadió que, "por su propio bien, para alejar todas las sospechas, debería ser el primero en querer renunciar a su escaño y comparecer en la Audiencia", informa Rodolfo Serrano.

Iñaki Anasagasti, portavoz del PNV, declaró a Servimedia que una ley de punto final sobre el caso GAL sería "una verdadera aberración" y demostraría que la sociedad española está "enferma". Para Anasagasti, "el delito cometido por alguien con responsabilidades, adquiere una nueva dimensión porque, desde el Estado de derecho y con dinero público, el delito no se puede equiparar al delito común o incluso al delito terrorista".

Portavoces de asociaciones de jueces y fiscales se opusieron igualmente a la medida. Ángel Calderón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, aseguró que una ley de este tipo "no es compatible con el Estado de derecho", ya que significaría que "por cuestiones políticas y no de equidad y estricta justicia" un grupo de personas fueran exoneradas de responsabilidad. José Antonio Alonso, de Jueces para la Democracia, señaló: "Desde el punto de vista jurídico no es constitucionalmente posible y desde el punto de vista político, un sistema democrático no puede hacer tabla rasa de un asunto como el caso GAL, relacionado con una presunta trama de terrorismo de Estado". El fiscal Juan Ortiz úrculo, presidente de la Asociación de Fiscales, afirmó que, con el derecho en la mano, el perdón general en el caso GAL es "imposible".

José Luis Manzanares, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, elogió la labor del juez Garzón y recordó que "los indultos son posteriores a las condenas".