Hacienda descubre una deuda tributaria de 210.000 millones entre enero y mayo

La contención del déficit público se basará en el recorte del gasto de las Administraciones y no en el aumento de los ingresos. El secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez-Robles, aseguró ayer que "no habrá modificaciones de la presión fiscal", y negó que se quiera recortar deducciones y desgravaciones para ahorrarse 150.000 millones. Informó que entre enero y mayo de 1995, Hacienda ha incoado 72.709 actas por fraude tributario a 21.156 contribuyentes, por valor de 210.000 millones.

Enrique Martínez Robles, que inauguró ayer el seminario de Autonomías y su financiación, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, informó que en los cinco primeros meses de este año, Hacienda ha incoado 72.709 actas por fraude tributario a 21.156 contribuyentes, por un valor de 210.000 millones, un aumento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior. El número de actas supera en el 30% a las incoadas en enero mayo de 1994. El secretario de Estado aseguró que la Administración Tributaria aumenta su eficacia contra el fraude.Martínez Robles defendió una política de reducción del déficit mediante el recorte del gasto público, al tiempo que se mantiene la presión fiscal. Precisó que tendrán prioridad los gastos sociales. En cuanto a las deducciones y desgravaciones del IRPF, aseguró que son de gran relevancia "como para pensar en acometer una modificación de estos elementos de manera individualista".

Para Martínez Robles, la clave a corto plazo en materia de déficit es que las comunidades autónomas contribuyan al cumplimiento del programa de convergencia. El déficit de las CC AA se redujo, en porcentaje del PIB, desde el 1,4% de 1991 hasta el 0,9% en 1994, pero todavía deben recortarse otras siete décimas para ajustarse al criterio de convergencia en 1997.

A medio plazo, los objetivos de financiación autonómica exigen "aumentar el grado de corresponsabilidad" de los Gobiernos locales, según el secretario de Estado. Esto significa que cada comunidad vincule una mayor parte de sus ingresos a la recaudación del impuesto sobre la renta (IRPF). En la última declaración de la renta, ejercicio de 1994, cada autonomía ha podido recibir el 15% de la cuota del IRPF recaudado en su circunscripción.

Los expertos hablan de aumentar ese porcentaje hasta el 25%, pero no creen probable que ese avance pueda acordarse mientras no se despeje la situación política. Entretanto, se requerirá alguna solución transitoria, ya que el actual sistema del 15% vence este año. Martínez Robles señaló ayer que el asunto podría tratarse en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano de coordinación entre la administración central y las autonómicas en materia tributaria, probablemente el 27 y 28 de julio.

Recortar el déricit

Por su parte, Federico Montero, Secretario General de Planificación y Presupuestos, aseguró ayer en El Escorial que Economía considera la posibilidad de incluir en los próximos Presupuestos nuevas tasas y precios públicos de los servicios públicos (enseñanza, tasas judiciales, etc) para elevar los ingresos sin aumentar la presión fiscal.

En el mismo curso, organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), el presidente del BCH, José María Amusátegui, reiteró la prioridad de reducir el déficit público hasta el 4,4% del PIB en los próximos presupuestos.