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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Planchuelo confiesa

LA LARGA declaración que el comisario de policía Miguel Panchuelo ha prestado durante él pasado fin de semana ante el juez Garzón representa un salto cualitativo de alcance todavía no previsible en el esclarecimiento de todaslas responsabilidades penales, que puedan derivarse del caso GAL. Planchuelo, uno de los mandos policiales de la lucha antiterrorista implicados en este caso y en prisión preventiva desde hace seis meses, ha decidido contar voluntariamente al juez instructor del caso GAL mucho de lo que, había callado hasta ahora en relación con esa trama de la guerra sucia contra ETA.Siguiendo los pasos de sus antiguos subordinados

José Amedo y Michel Domínguez, el antiguo jefe supe rior de Policía. de. Bilbao ha debido considerar que la mejor forma de salir lo menos malparado posible del embrollo judicial en que se encuentra es confesando voluntariamente lo que él ha hecho, pero, sobre todo, lo quehan hecho otros. En este caso, sus iguales y superiores en la línea de mando policial y política de la lucha antiterrorista en la época de los GAL.

Pero, a diferencia. de Amedo y Domínguez, Planchuelo ocupaba un puesto en el entramado operativo de la lucha antiterrorista que le ponía en disposición de conocer de manera directa muchas de las decisiones que se adoptaban en instancias más altas. De ahíla importancia procesal que puede tener su testimonio de cara a la aportación de pruebas consistentes en el momento del juicio oral. Y no sólo en el sentido de confirmar y dar solidez a los testimonios indirectos de Amedo y Domínguez -al fin y al cabo, dos convictos- condenados a más de 100 años de prisión que cuentan al juez no sólo lo que podían conocer directamente, sino en gran parte lo que sabían de oídas-, sino ampliando también el campo de la investigación sumarial sobre, la actividad de los GAL hasta un límite que a estas alturas todavía se desconoce.

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Es probable que, tras la declaración de Planchuelo, el sumario de los GAL ya no pueda seguir en las manos de Garzón y pase a la Sala Segunda del Tribunal Supremo ante los indicios que señalan en dirección del ex ministro . del Interior José Barrionuevo. De confirmarse esta hipótesis, el caso adquiriría una doble gravedad: de una parte, porque Felipe González, en respuesta a la petición de responsabilidades políticas, ha venido excluyendo sistemáticamente que. alguien del Gobierno haya estado implicado; de otra parte, porque el PSOE se hallaría ante un dilema entre, una solidaridad corporativa de partido y el deber de colaborar con la justicia, impidiendo que la condición de parlamentario de Barrionuevo pueda utilizarse para obstruir el esclarecimiento de los hechos.

Los motivos del cambio de actitud de Panchuelo, aunque sean relevantes a efectos de análisis, no lo son a efectos de la justicia. Tampoco lo, es que ese cambio se haya producido cuando la reciente libertad provisional de Vera hacia presumible una sensación de agravio comparativo para quienes seguían en prisión. Por lo que se ha ido sabiendo de la organización de la forma de y actuar de los GAL, no era descartable que, más pronto o más tarde, este tinglado criminal se desmoronara hasta sus cimientos. Antes al contrario, lo lógico era que el desmoronamiento se produjera desde dentro, mediante la colaboración interesada y la confesión espontánea.

Cualquier pretexto podía ser el desencadenante de la previsible escalada de confesiones. Una vez que se empieza a tirar del hilo no hay forma de impedir que la madeja quede del todo desenredada. Afortunadamente, así es y así debe ser en un Estado de derecho, en el que existen una justicia independiente y libertad de prensa. Porque nunca se repetirá suficientemente que más que el terrorismo es la respuesta, ilegal a sus desafíos lo que realmente pone en peligro al sistema democrático. Si algo tan elemental hubiera sido previsto en su momento, si nadie hubiera entrado en el juego diabólico de frivolizar con el uso ilegal de la violencia directa o. indirectamente por parte de algunos de los encargados de combatir el terrorismo, los GAL no habrían existido. Por más comprensión social que haya habido hacia la guerra sucia contra ETA, como afirma Vera, nada puede justificar, ni siquiera retrospectivamente, lo que fue mucho más que un delito, es decir, un grave error político.

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