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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Código de consenso

EL NUEVO Código Penal llega al Senado con una tata nada nimia: la abstención del Partido Popular en la votación que concluyó con su reciente aprobación en el Congreso. Que el principal partido de la oposición se desmarque de un texto legislativo de isla importancia -el ministro Belloch lo ha definido come, una Constitución en negativo, en cuanto garantiza el ejercicio de los derechos y libertades proclamados en, la Carta Fundamental- es un hecho políticamente relevante.En cualquier circunstancia, una norma de ese rango precisa del consenso de las principales fuerzas políticas del arco parlamentario. Pero todavía más en un momento en que una de esas fuerzas políticas tiene visos de convertirse en la próxima mayoría gobernante. La abstención del PP hace correr, pues, al nuevo Código Penal -el, primero de nueva planta que se aprueba en esta democracia- un riesgo que no merece: permanecer bajo el síndrome de la reforma desde el instante mismo en que vaya a ser promulgado.

Es de esperar, no obstante, que el Partido Popular reconsidere su postura en el Senado, donde tendrá la oportunidad de introducir cambios como grupo más numeroso que es ya en esa Cámara. Las diferencias que todavía mantiene frente al resto de los grupos parlamentarios en relación con el sistema de penas -sobre todo el cumplimiento íntegro de las condenas por terrorismo y narcotráfico- y la tipificación de algunos delitos -especialmente la penalización de las proclamas dependentistas de carácter pacífico- no justifican su distanciamiento del nuevo Código en su conjunto.

No lo justifican, en primer lugar, porque el texto del nuevo, Código Penal que llega al Senado es fruto en gran medida de una meritoria labor de consenso de todos los, grupos parlamentarios, incluido el Popular. En un tema defendido con tanto ahínco por los populares como es el cumplimiento, íntegro de las condenas por terrorismo y narcotráfico, el resto de los grupos ha acercado sus posturas a las del PP en el limíte de lo constitucionalmente admisible: propugnar que se cumplan sustancialmente, pero sin eliminar -no podría hacerse salvo que se vulnere la Constitución- la finalidad resocializadora de la pena. La abstención del PP a la hora crucial de la definitiva aprobación del nuevo Código sería echar por la borda toda esta previa labor de consenso.

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Pero tampoco el contenido del nuevo Código, técnicamente muy elaborado y doctrinalmente avanzado, es merecedor de la actitud abstencionista del principal partido de la oposición. En sus líneas maestras -parte general- y en sus soluciones de detalle -parte especial-, el nuevo Código supone globalmente un importante esfuerzo de adecuación del derecho a los valores constitucionales y a la realidad social de la España actual. El Senado ofrece al conjunto, de las fuerzas políticas la ocasión de reforzar el consenso sobre esta norma capital, así como la de mejorar sus aspectos menos conseguidos.

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