Las diferencias presupuestarias añaden nuevos obstáculos a las relaciones entre el Gobierno y CiU

Las diferencias presupuestarias añaden nuevos obstáculos a las relaciones entre el Gobierno y Convergencia i Unió .(CiU). Los intereses del Gobierno, partidario de un presupuesto restrictivo, chocan con los de CiU, que necesita, ante la proximidad de las elecciones autonómicas en Cataluña, de mayor capacidad de gasto. González ha cumplido sólo una de las dos peticiones que el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, plantea para seguir con su colaboración estable: la asunción de responsabilidades políticas por el escándalo del Cesid. Queda, además, por satisfacer la petición de que aclare cuándo convocará elecciones generales, lo que Pujol considera imprescindible para rebajar la crispación.

El tiempo de vida que le queda a la legislatura iniciada en 1993 se conocerá en octubre próximo. El Gobierno sabrá entonces si el proyecto de Presupuestos para 1996 es o no aprobado, algo que depende exclusivamente de los parlamentarios de CiU. Según fuentes gubernamentales, si el Grupo Catalán del Congreso vota en contra, empezará la cuenta atrás de una disolución de las Cortes a fines de enero y unas elecciones anticipadas a la primavera de 1996.En estos momentos todo son dificultades para que el Gobierno y CiU lleguen a un acuerdo. Por un lado, las propias características restrictivas de las cuentas públicas que ofrece el Gobierno y, por otro, la continuidad de los escándalos. Pujol cree que si González hiciera públicos sus planes electorales la tensión política descendería y el semestre europeo podría transcurrir con más normalidad.

El Gobierno no ve voluntad política en CiU de seguir con la colaboración que empezó hace, dos años y hay más que dudas respecto a que pueda haber un acuerdo presupuestario, a la vista del cariz que han tomado las entrevistas preliminares entre el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y el Consejero de Economía catalán, Maciá Alavedra.

El Gobierno contempla para 1996 una reducción del déficit al 4,4% del PIB (producto interior bruto), más de punto y medio de recorte. Para ello intenta recortar gastos que afectan a partidas como las deducciones por vivienda y familia así como las subvenciones a las empresas. Esta política presupuestaria choca frontalmente con las aspiraciones de CiU, menos restrictivas ante la proximidad de las elecciones autonómicas en Cataluña.

En el encuentro que mantuvieron el jueves pasado Solbes y Alavedra, el ministro de Economía y Hacienda advirtió a su interlocutor del riesgo que supondrían sus propuestas para cumplir los planes de convergencia europea.

Solbes recordó también a Alavedra que, de no recortarse el déficit como pretende el Gobierno, corren riesgo los fondos de cohesión, tan caros para la comunidad catalana. Alavedra se limitó a tomar nota de lo que oía.

A pesar de las discrepancias en las líneas generales del Presupuesto, el problema está "en la voluntad" de las partes. En otras ocasiones han superado diferencias que parecían insalvables, según recuerdan fuentes gubernamentales.

Los nacionalistas catalanes esgrimen razones poderosas para no seguir del brazo del PSOE. No obstante, creen que si el presidente del Gobierno expusiera sus planes electorales, el ambiente de crispación política y social decrecería notablemente porque el PP e IU rebajarían el tono de sus críticas. Pujol ha insinuado esta demanda de aclaración del calendario político, en tanto que su portavoz parlamentario, Joaquim Molins, lo dijo con toda claridad en el debate del pasado jueves.

No es tan sencillo que González aclare su calendario. Esta es un arma que el PSOE se guardan por si el diálogo con CiU termina en discusión a cara de perro. Los socialistas catalanes presionarán a González para que no enseñe sus cartas, de manera que Pujol tenga presente la posibilidad de que se convoquen elecciones legislativas en la misma fecha que las autonómicas catalanas, algo que aterra a Pujol.

Los nacionalistas catalanes, y también los vascos del PNV, han venido reclamando un cambio amplio en el Gobierno, con impulso político, e incluso pidieron a González la cabeza del titular de Obras Públicas y Transportes, José Borrell. Ninguna de estas peticiones ha sido tenida en cuenta.

La autonomía del Gobierno en sus actuaciones es precisamente lo que defiende el primer secretario del PSC, Raimon Obiols. Éste se mostró ayer partidario de que González "agote la legislatura" y no convoque, por tanto, elecciones anticipadas.

Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, se refirió ayer otro obstáculo en el entendimiento entre CiU y el Gobierno: la ley del aborto. En declaraciones a la Cadena SER, Solana aseguro que el Gobierno cumplirá su compromiso de llevar la nueva ley del aborto al Parlamento y que el próximo viernes es la "última oportunidad" para hacerlo. "El periodo de sesiones se acaba y por tanto, la aprobaremos el vieríies", dijo. Solana añadió que si después del viernes el Gobierno carece de apoyos para gobernar habría que convocar elecciones anticipadas. "Yo creo que no va a pasar, pero si sucediera sería así"; aseguró. "Cuando un gobierno no tiene apoyo parlamentario suficiente tiene que abandonar".