La fiscal pide 34 años para siete acusados de estafa a la Diputación de Vizcaya

La fiscal del caso Azpiegitura, una presunta estafa de 571 millones de pesetas en la construcción de un edificio para la Diputación de Vizcaya, ha solicitado 12 años de prisión menor para el constructor Iñaki Ereño, por estafa y falsificación de documentos, y la misma pena para el arquitecto Alberto López. El primero está ligado al PNY y el segundo al PSE-PSOE, gobernantes en la Diputación. La fiscal pide, además, que ambos indemnicen conjuntamente a la Diputación con 663 millones de pesetas.

La fiscal entiende que la estafa comienza con la redacción de un proyecto por parte de López para la construcción del edificio público en el que se asegura que existe una capa rocosa en el suelo a 12 metros. El arquitecto conocía ya para entonces (febrero de 1990) que en los estudios geotécnicos hechos por el que luego sería el constructor del inmueble, Iñaki Ereño, se situaba la base rocosa a 25 metros de profundidad y se advertía de los problemas que podrían derivarse en los inmuebles colindantes.

Realizada la adjudicación de las obras, se da a conocer el verdadero informe geotécnico. Ereño y López ven entonces la "posibilidad de obtener un importante beneficio económico" y modifican las soluciones constructivas indicando la necesidad de realizar inyecciones para reforzar la cimentación con diferentes productos químicos y cernento.

Certificados

De esta forma, extienden certificaciones de obra por un valor superior a los 571 millones de pesetas "sin que justificaran adecuadamente que se hubieran inyectado" los materiales, según la fiscal.Los profesores de la Universidad de Cantabria y de la Escuela de Ingenieros de Bilbao, Jesús Sáiz de Omeñaca y Roberto Idiondo, respectivamente, avalaron con informes las inyecciones fraudulentas de la obra sin comprobarlas y fiándose únicamente de los datos proporcionados por el constructor. La fiscal pide para Omeñaca tres años de cárcel por falsificación de documento y 28 meses para Idiondo. Asimismo, solicita dos años de prisión para los apare adores de la obra, Enrique Tomás Almenara y Federico Lorenzo, acusados de elaborar un informe sobre las inyecciones basándose únicamente en los datos que les suministraba Ereño.

El último imputado, Pedro Larrabeiti, para el que la fiscal pide 18 meses de prisión, es presuntamente responsable de facilitar a Ereño tres facturas falsas de sulfatos para las supuestas inyecciones, que Ereño nunca adquirió.