La Administración sustituye a los jueces para conceder justicia gratuita, según la ley remitida a las Cortes
Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita -controladas por la Administración y con participación de los colegios de abogados y procuradores- sustituirán a los juzgados y tribunales en la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita, aunque sus decisiones serán recurribles en vía judicial, según el proyecto de ley que ayer remitió el Gobierno a las Cortes. Otra novedad es el establecimiento de filtros, por acuerdo del Gobierno y los colegios profesionales, para evitar abusos en la concesión de la asistencia gratuita a los falsos pobres, lo que permitirá la disminución en las subvenciones públicas al turno de oficio.El proyecto de ley arbitra los mecanismos necesarios para que los ciudadanos que acrediten insuficiencia de recursos para litigar -unidades familiares, que perciban menos del doble del salario mínimo: unas 125.000 pesetas- sean asistidos de los profesionales jurídicos precisos para defender sus derechos ante los tribunales y para el asesoramiento previo a la vía judicial, que evitará pleitos innecesarios.
La futura ley desjudicializa la competencia para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita y establece mecanismos de control administrativo y judicial, "que aseguren el adecuado destino de los fondos públicos asignados al servicio". El Ministerio de Justicia e Interior establecerá los requisitos mínimos de formación y especialización necesarios para asegurar un nivel medio de competencia profesional, y los colegios profesionales afectados serán los encargados de imponer las sanciones a sus colegiados en caso de abusos.
El Gobierno informó ayer sobre el amplio consenso alcanzado con los colegios de abogados y procuradores y con las comunidades autónomas. En contraste con ese consenso, el diputado de IU Diego López Garrido criticó que la gratuidad sólo alcanza a los peritos adscritos a órganos judiciales y no a los profesionales no funcionarios. También señaló que la calidad de la asistencia no se garantiza, dado que no se ofrecen seguridades de que los abogados "estén digna y suficientemente remunerados, y en un plazo razonable".
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