Saber y no saber

TODA LA oposición parlamentaria pasó ayer por encima del vicepresidente Serra, al que dio por liquidado, y arremetió contra González, considerándole responsable del escándalo del Cesid. El debate sirvió sólo para que cada grupo se encastillara en sus posiciones previas. Lo que se dilucidaba era saber quién ordenó las escuchas y las responsabilidades que de ello se derivan. El vicepresidente Serra aseguró que el Gobierno no las ordenó ni las conoció ni, por tanto, pudo utilizar los resultados. Su versión fue coherente e incluso verosímil, pero inverificable. La oposición, y especialmente el Partido Popular, dio por supuesto justamente lo contrario: que el. Gobierno, y expresamente su presidente, había ordenado las escuchas a fin de "controlar a los ciudadanos". Algo igualmente inverificable. Pero entre ambas, interpretaciones están los hechos, las evidencias: las grabaciones ilegales existieron y alguien las conservó durante años.Fuera de esto, el juicio sobre lo ocurrido no puede ser definitivo. Primero, porque se admite que hay una parte de lo ya conocido que no puede ser revelado, aunque sí lo conocen los parlamentarios que integran la comisión de secretos oficiales; segundo, porque se nos dice que hay una investigación -se supone que sobre quién ordenó las escuchas ilegales, y qué hizo con ellas- cuyos resultados aún se ignoran, y tercero, porque se insiste en que todo ello forma parte de una conspiracion contra el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, pero sin ofrecer precisiones sobre la misma. Incluso sin esos elementos, la impresión que transmiten los hechos conocidos es de descontrol del Gobierno respecto a su servicio de espionaje. Y nadie ha respondido políticamente por ello.

De una explicación parlamentaria no es exigible la presentación de pruebas como si fuera un juicio, pero sí que sea congruente con los hechos. La aportada por Serra lo fue en términos generales, aunque presenta lagunas. Serra insistió en que las grabaciones y su conservación fueron realizadas contra las órdenes expresas de la dirección de ese organismo. ¿Cómo probar que es así, o lo contrario? El vicepresidente ofreció a los miembros de la comisión de secretos oficiales la posibilidad de verificar in situ, en el Cesid, ese y otros puntos relativos a su versión. Aunque no fue apreciada por la oposición, no es una oferta trivial: tal como están las cosas, el Gobierno no puede ignorar que asume el riesgo de ser desmentido por funcionarios de ese organismo.

El principal punto débil de la versión de Serra es que no aclaró cómo ha sido posible que durante cuatro años nadie reaccionase frente a la supuesta deslealtad del coronel Perote, sospechoso desde 1991 de haberse llevado material reservado. El portavoz del PP, Álvarez Cascos, no dejó de subrayar la prueba de confianza que suponía que una empresa pública, Repsol, contratase a Perote como jefe de seguridad con posterioridad a esa supuesta sustracción de documentos. La sospecha implícita es que se compraba su silencio, es decir, que se conocía la existencia de las cintas y su origen ilegal.

Pese a las protestas de buena voluntad de Serra, es evidente que la ilegalidad está presente desde la captación de las conversaciones, y no sólo desde la conservacion o difusión. Remitir la resolución a los tribunales es escapista: era ilegal grabar llamadas telefónicas que nada tenían que ver con la seguridad nacional. Es cierto que los servicios secretos se mueven en todo el mundo en la frontera de la legalidad. Pero aun dando por hecho que ello sea, casi inevitable, y admitiendo que siempre existe una tensión entre seguridad y libertad, la condición mínima para que los ciudadanos sigan confiando en tales servicios es que ante evidencias de actuaciones ilegales, y más cuando atentan contra derechos individuales de los ciudadanos, se asuma, la responsabilidad en el nivel adecuado: proporcional a la gravedad del asunto. Disolver cualquier impresión de que se pretende escurrir el bulto es el más urgente mensaje político.

Es en ese aspecto donde el Gobierno es incoherente. Cualesquiera que sean los resultados de la investigación en marcha incluso si confirmasen la hipótesis defendida por Serra, existiría una responsabilidad política en el ámbito gubernamental por la negligencia de no haber impedido que el personal a sus órdenes vulnerase gravemente la Constitución. La dimisión es en los regímenes democráticos la forma normal de asumir responsabilidades cuando el reproche no es de culpabilidad en el sentido penal, pero sí de incompetencia.

En cuanto al debate mismo, si bien Serra no es un parlamentario, la actitud de los populares boicoteando su intervención fue todava exhibición de estilo intolerante y sectario. La diatriba de Álvarez Cascos habría resultado más convincente sin el añadido de desprecio e impaciencia mal contenida que puso en sus palabras y que tanto parece gustar a su coro de animadores. Los gestos, siseos e insultos de ese coro traslucían un escaso respeto a la opinión ajena. No es sólo cuestión de cortesía parlamentaria. Una concepción civilizada del debate político es incompatible con ese estilo que niega la posibilidad misma de honestidad del rival y de compartir con él unos valores comunes.