Granados expresa su malestar porque el fiscal militar no le comunicó la detención de Perote

El fiscal general de Estado, Carlos Granados, declaró ayer que el juez militar de Madrid Jesús Palomino Yébenes, que ordenó la detención del coronel Juan Alberto Perote, al que hoy interrogará, "debe tener datos distintos de las cintas publicadas, porque de lo contrario no podría actuar". Granados dijo que, al parecer, existen unas microfichas que podrían afectar a la seguridad o la defensa nacional, único motivo que justificaría la intervención de la jurisdicción castrense. El fiscal del Estado, que se enteré por la prensa de la detención del ex jefe operativo del Cesid, reprochó al fiscal militar del caso, Francisco Blay Villasante, que no se lo comunicara y le recordó que es su "superior jerárquico".

Fuentes del Ministerio de Defensa recordaron ayer que el Gobierno decidió en 1986, por acuerdo del Consejo de Ministros y sobre la base de la Ley de Secretos Oficiales, que la organización, actividades y métodos de trabajo del Cesid son considerados secretos de interés para la Seguridad Nacional, informa Antes de esta aclaración de Defensa, el fiscal del Estado declaró a Radio Nacional que el juez militar que ordenó la detención de Perote la madrugada del domingo debía disponer de más datos que las cintas publicadas en la prensa, porque la actuación de los tribunales castrenses sólo está justificada cuando se produzca la revelación de información que ponga en peligro la seguridad nacional, lo cual no se deduce de los contenidos de las escuchas difundidas.Respecto a la participación de Perote en la filtración de las cintas del Cesid, Granados afirmó que el juez militar debe de conocer nuevos datos, ya que, según dijo, "de los elementos que actualmente tiene la Fiscalía General del Estado no se infiere en absoluto la intervención de este coronel".

Granados señaló que no dispone de datos que permitan inculpar al ex agente del Cesid que fue denunciado por Emilio Alonso Manglano, que le acusa de revelar secretos oficiales y llevarse 1.200 documentos secretos. El Código de Justicia Militar prevé penas de hasta 10 años por este delito.

El fiscal insistió en que la intervención de los tribunales castrenses de ninguna manera «obstaculiza la investigación en la jurisdicción ordinaria". Para disipar posibles dudas, Carlos Granados señaló que podría ocurrir que se siguiesen procedimientos paralelos por la vía ordinaria y la militar. Pero también dijo que, si no hubiera delitos que se limitaran al ámbito castrense, el caso tendría que pasar a los tribunales ordinarios.

Granados expresó su disgusto por haberse enterado de la detención al leer el periódico. "Algún fiscal militar ha podido tener conocimiento, y hubiera sido mucho más correcto que se hubiera puesto inmediatamente en conocimiento del fiscal general". Y recordó que él, Granados, es su superior jerárquico. El mismo domingo, tras enterarse de la noticia, se reunió con el fiscal militar Francisco Blay Villasante, que le informó de todas las actuaciones.

Inercia preconstitucional

El fiscal general del Estado contestó a las voces que en los últimos días han calificado de lenta su actuación diciendo que la fiscalía está trabajando, no con lentitud, sino con "seriedad y rigor" para evitar posibles equivocaciones. En respuesta implícita a las críticas de dirigentes socialistas, Granados afirmó que "puede ocurrir que algunos que se pronuncian vivan un poco de la inercia de otra época, anterior a la Constitución" cuando el Gobierno podía dar órdenes a la Fiscalía General y ésta tenía que obedecer.