CiU insiste en un pacto sobre la ley del cable pese a la negativa de Borrell

"Nosotros aportamos razones y argumentos y de la otra parte recibimos gritos, que yo creo que son fruto del nerviosismo o de visceralidades que un hombre público debe tratar de controlar". Con estas palabras despachó ayer el consejero de Industria de la Generalitat de Catalunya, Antoni Subirá, la rotunda negativa del ministro de Obras Públicas, José Borrell, a modificar el proyecto de ley de telecomunicaciones por cable en el sentido deseado por CiU.Borrell había dicho el día anterior en Luxemburgo que él no es "el taquígrafo de CiU" y que las competencias en materia de telecomunicaciones - corresponden al Estado, ideas que reiteró ayer en Madrid.

El consejero de la Generalitat se mostró cauto sobre las consecuencias que pueden derivarse del desacuerdo entre CiU y el PSOE. "Yo sólo digo que esto es un tema muy importante para nosotros y sigo sin contemplar la hipótesis de que no lleguemos a un acuerdo", indicó.

Subirá dio a conocer un estudio encargado a la consultora Price Waterhouse, en el que se afirma que una segunda red de telecomunicaciones de "banda ancha" es viable en Cataluña.

Tres hipótesis

El estudio parte de la hipótesis de una red capaz de transportar señales de televisión, telefonía y transmisión de datos. Contempla tres escenarios. El primero, que traduce las previsiones del proyecto de Borrell, se refiere a redes municipales para poblaciones de más de 20.000 habitantes que, al no estar interconectadas, ofrecerían sólo televisión. En Cataluña, ese servicio llegaría a 42 ciudades y a 4.300.000 habitantes (71% de población); necesitaría una inversión de 60.000 millones de pesetas y tendría una rentabilidad del 6,1% si la concesión fuera por 15 años -como prevé el proyecto- o del 11% a 20 años.El segundo escenario alcanza a la misma población, pero los cálculos están hechos sobre la base de conectar las redes de las distintas ciudades y de que se permita ofrecer los servicios interactivos. Sería el más rentable: 17,2% a 20 años, con una inversión de 95.000 millones.

El tercero, que es el propuesto por la Generalitat, cubre todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes y algunas de tamaño inferior. Supone una inversión mayor: 131.000 millones de pesetas, pero la rentabilidad sería elevada (16% a 20 años) y la cobertura alcanzaría a 192 ciudades, donde viven 5.400.000 personas (90% de la población).