El Gobierno busca un sustituto para Manglano por no haber sido capaz de controlar los servicios secretos

El Gobierno tiene ya decidido el relevo del teniente general Emilio Alonso, Manglano, jefe del Cesid, el principal servicio secreto esañol, desde hace 14 años. El vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, y el ministro de Defensa, Julián García Vargas, afirmarán hoy en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que el Cesid no espió a destacadas personalidades de la vida española, incluido el Rey, pero que los sistemas de seguridad del centro fallaron y no pudieron impedir que algunos de sus miembros grabaran indebidamente conversaciones, las conservaran, las sustrajeran y hayan comerciado con ellas.

Emilio Alonso Manglano, de 69 años, director general del Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) desde mayo de 1981, cuando fue nombrado por Leopoldo Calvo Sotelo, puso su cargo a disposición del presidente del Gobierno el pasado martes, al conocerse que el Rey también había sido espiado.El Gobierno tiene ya decidido su relevo, pero le ha pedido que continúe temporalmente en el cargo por tres razones: para que aclare las circunstancias del escándalo, para que depure las responsabilidades internas y para dar tiempo a que el Ejecutivo pueda buscar un sustituto, lo que se presenta muy complicado.

Serra y García Vargas, que comparecen hoy en el Congreso, el primero como ministro de Defensa desde diciembre de 1982 hasta marzo de 1991, y el segundo como titular de la misma cartera a partir de esa fecha, descartan, por el contrario, presentar su dimisión, al menos por el momento, alegando que lo que se ha producido es un mal funcionamiento del servicio secreto, del que da cuenta su director.

Fuentes del Gobierno admiten que en el futuro habrá que asumir responsabilidades políticas a más alto nivel, pero señalan que éstas se asumirán "en el momento adecuado y de la manera adecuada", no bajo una presión exterior al Parlamento.

Serra y García Vargas explicarán que el Cesid puso en marcha en 1984 un Gabinete de Escuchas dotado con un potente escáner, capaz de barrer el espacio radioeléctrico e interceptar comunicaciones de espías extranjeros o grupos criminales, como terroristas o narcotraficantes. Con el mismo sistema podían interceptarse comunicaciones de telefonía móvil, incipiente entonces en España.

El Cesid actuaba, según la versión oficial, creyendo que esta actividad, que no fue regulada hasta 1994, no era ilegal. Pero el Gobierno admite ahora que podía estar equivocado.

Órdenes incumplidas

En todo caso, los responsables de este gabinete tenían instrucciones de "discriminar" las comunicaciones interceptadas y grabar solamente aquellas que tuvieran interés para los fines del centro ("prevenir cualquier amenaza exterior, neutralizar acciones anticonstitucionales e impedir actividades de los servicios de inteligencia extranjeros"). Es evidente que las instrucciones no fueron cumplidas, ya que se grabaron conversaciones privadas.

El segundo fallo de los servicios se produjo cuando estas grabaciones tampoco fueron destruidas, o, si lo fueron, antes se sacó una copia, lo que permitió que alguien -según el Cesid, el ex responsable de la Agrupación Operativa, Juan Perote, de quien dependía el Gabinete de Escuchas- las sacara y las haya puesto en circulación.

La difusión de documentos secretos constituye el más clamaroso fracaso del centro, del que se responsabiliza personalmente Manglano, quien supuestamente no estaba al corriente de las actividades irregulares de sus subordinados, pero tampoco fue capaz de impedirlas.

El relevo de Manglano llevará todavía algún tiempo. El Gobierno no quiere dejar descabezado el servicio secreto por el riesgo de que la falta de control se agudice y se vuelva más peligrosa. Sin embargo, la precariedad del Gobierno, cuya permanencia no se puede garantizar más allá de final de año, cuando se debatan los nuevos presupuestos, o de 1997, en el mejor de los casos, obliga a buscar una solución de transición.

La disyuntiva se plantea entre elegir a un alto cargo del Cesid o traer una persona ajena al servicio. Para el Gobierno, la primera opción tiene como inconveniente la existencia de intereses creados que impidieran erradicar prácticas viciadas. La segunda, el riesgo de que el nuevo director general no se hiciera con el control real del centro.

La sustitución es tan difícil que el Gobierno ha sido incapaz de encontrar un relevo en el último año y medio. Defensa ha apostado por un militar, mientras que Exteriores prefiere a un diplomático o, al menos, un civil. Ahora, la búsqueda se ha vuelto urgente.