El fiscal estudia reclamar las cintas grabadas ilegalmente por el Cesid

La fiscalía de Madrid abrió ayer diligencias informativas para tratar de averiguar quién grabó las conversaciones telefónicas interceptadas ilegalmente por el Cesid, y quién entregó las cintas al diario El Mundo, que ayer reprodujo algunas de las conversaciones entre destacados líderes socialistas. Fuentes del Ministerio Fiscal apuntaron que en los próximos días se puede pedir la entrega de las cintas y los estadillos y solicitar la declaración del máximo responsable del Cesid, el teniente general, Emilio Alonso Manglano, y la del coronel Juan, Perote Pellón, ex jefe de la agrupación operativa de los servicios de espionaje.

Según las citadas fuentes, lo más probable es que, en los próximos días la investigación sobre el caso Cesid pase a ser desempeñada en una sede judicial, ante las primeras denuncias que ya han comenzado a presentar los afectados por las escuchas. La primera fue la del empresario jerezano José María Ruiz Mateos, por haber sido captada una conversación con uno de sus hijos. Otra querella contra Manglano la presentó el periodista Jaime Campmany, director de la revista Época, que recientemente reprodujo el reportaje sobre el espionaje fotográfico al Rey.El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial, Pascual Sala, afirmó en declaraciones a la Cadena SER que las escuchas realizadas por el Cesid suponen una "vulneración de una garantía fundamental en una democracia y, naturalmente, tiene su proyección penal". Según Sala, en asuntos como éste la Justicia puede hacer mucho para garantizar el derecho constitucional a la intimidad, al honor y la propia imagen, así como al secreto de toda comunicación.

Derecho al secreto

El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, inició "de oficio" una investigación sobre las escuchas, por entender que podrían entrañar una vulneración el artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de las comunicaciones. En ese sentido, se dirigió al fiscal del Estado, Carlos Granados, en demanda de información sobre las medidas que la Fiscalía va a adoptar.

Por su parte, la asociación progresista Jueces para la Democracia manifestó que la gravedad de las escuchas radica en que los, organismos oficiales tienen la obligación de salvaguardar el sistema democrático de valores y, según parece, "se han dedicado a lo contrario".

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, afirmó que su departamento sólo podrá, sancionar en vía administrativa a los responsables de la difusión del contenido de las cintas, pero no a quienes interceptaron esas comunicaciones. El ministro explicó que no es posible sancionar a quienes interceptaron esas llamadas porque los hechos sucedieron antes de la modificación en 1992 de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.