Las cadenas de Berlusconi mantienen su desafío frente a los referendos televisivos

La campaña sobre los referendos para la reforma del sistema televisivo italiano entra en la última semana con un claro desequilibrio en favor de las posiciones de Silvo Berlusconi, contrario a la reforma y propietario de tres cadenas privadas. La izquierda protesta y el Garante per l'Editoria, la autoridad encargada de aplicar las normas reguladoras de la propaganda, denuncia el abuso por parte de Fininvest, el grupo televisivo del ex primer ministro, pero no logra imponer la imparcialidad, porque las sanciones serían un argumento más para Berlusconi.

Mañana miércoles concluye el plazo dado por Giuseppe Santaniello, el Garante, para que las emisoras de Fininvest concedan 13 espacios gratuitos a los partidarios del sí a la reforma, como compensación por las violaciones de la ley sobre igualdad de acceso a la publicidad denunciadas por el propio Garante. Ayer, Fininvest se negaba a cumplir la sanción, mientras Berlusconi, teóricamente ausente de la campaña, declaraba que Santaniello "ha tomado partido por la izquierda".El problema es que, en el laberinto de poder que configura el actual duopolio italiano sobre los medios televisivos, es materialmente imposible imponer una neutralidad a los medios. Si Fininvest siguiera negándose a obedecer, el Garante podría llegar a decidir hoy la suspensión total o parcial de la programación de sus redes. Pero esa sanción sería el mejor regalo para la campaña por el no, ya que su principal argumento es que el único objetivo de los referendos es privar de dos cadenas televisivas a los italianos para debilitar políticamente a Berlusconi.

Exponentes de la izquierda han advertido que la línea dura adoptada por Fininvest en el conflicto con el Garante no es sino una provocación para forzar esa suspensión que daría al cierre de la campaña el toque dramático que conviene a Berlusconi. Por su parte, el Codacoms, asociación de defensa de los consumidores, ha sugerido al garante que sea la RAI, la televisión estatal, la que pase los 13 anuncios adicionales que corresponden a la izquierda, y que aplace hasta después del 11 de junio, fecha de los referendos, la aplicación de una eventual suspensión de los programas de Fininvest.

Los comités por el sí ya han renunciado, en cualquier caso, a seguir programando publicidad pagada en las televisiones de Berlusconi, porque sus anuncios han sido intercalados entre dos spots del enemigo. Dicho efecto, calificado de sandwich por los perjudicados, merma eficacia a la publicidad del sí, que, además, es mucho menos abundante.

Por todo, Giulietti, diputado del Partido Democrático de la Izquierda (PDS), concluía ayer que "el referéndum está trucado y el libre ejercicio del voto se encuentra comprometido", al tiempo que señalaba que, con el actual reparto de los medios televisivos, "cualquier consulta electoral corre el riesgo de terminar en una estafa".

Berlusconi declaró, en cambio, que esta consulta representa "la violación de una libertad" y el síntoma, de "una democracia enferma". También dijo que la petición judicial de intervenir Publitalia, la empresa que recauda la publicidad para sus cadenas, es una "demanda criminal", significativa del "difícil momento por el que atraviesa el país".

"Es absolutamente contrario a mi concepción del Estado liberal que éste pueda intervenir para pisotear el derecho de propiedad", añadió el ex primer ministro. "Consideramos, por ello, arbitraria cualquier intervención del Estado orientada a comprimir los derechos de propiedad logrados a través del talento, la capacidad de asumir riesgos, las inversiones, el trabajo, los sacrificios, con pleno respeto de la ley y mediante una concesión regular del propio Estado", prosiguió Berlusconi, que siempre consideró estos referendos como un, proyecto de la izquierda "para expropiarle" sus televisiones.

El referéndum es importante para el futuro político de Berlusconi, que aprovecharía un eventual triunfo del no para relanzar su imagen. Pero la reforma del sistema televisivo deberá ser realizada en cualquier caso, ya que el Tribunal Constitucional ha declarado ilegal el actual reparto de canales.