De política de mínimos a política de calidad

Las elecciones recientes han valorado negativamente, en general, la permanencia en el Gobierno. Han cambiado muchos Gobiernos locales y autonómicos.Donde no han cambiado tanto -La Coruña, Santiago, San Sebastián, Barcelona, Tarragona, Sevilla y Girona- hallamos un factor común: la existencia- próxima de un Gobierno autonómico igualmente continuista en el tiempo, con un desgaste político parecido al del Gobierno central.

El Gobierno socialista ha sido un Gobierno de mínimos y los Gobiernos autonómicos de las tres nacionalidades históricas han sido Gobiernos de normalización. Con los mínimos conseguidos y la normalidad restablecida, ¿qué más pueden ofrecer esos Gobiernos?

Ni los mínimos económico-sociales ni la normalización política y lingüística son consecuciones de poca talla. Al contrario, son fundamentales. Su ausencia convirtió a España en un conjunto inestable, incómodo e injusto. Hoy no lo es. Es más: la apertura a Europa y la progresiva homologación con sus exigencias es nuestra mejor baza y debe ser aún, hasta 1999, nuestro norte.

En este sentido, Felipe González es, en mi opinión, una garantía indiscutible. En Europa nadie lo pone en duda. Si no preside la Comisión Europea es porque prefirió hacer europeísmo desde la consolidación de una España descentralizada y equilibrada.

Sin embargo, en 1993, tras 11 años de Gobierno y en medio de una recesión -factores que, juntos, hunden a cualquier gobernante-, Felipe González ganó porque los mínimos parecían amenazados, sobre todo por -eso, pero también porque prometió haber captado el mensaje y, en consecuencia, la renovación política.

La renovación política pendiente tiene que ver más con la calidad que con la cantidad y más con la calle que con el Parlamento -es decir, más con la autoridad local efectiva que con el perfeccionismo legislativo-

El PSOE -como CiU y quizás el PNV- no ha entendido de pequeños problemas, sólo ha solucionado los grandes: la cuestión de las nacionalidades, la reforma militar, la de la industria básica, la de la empresa pública, la de la balanza comercial, el desmontaje de los grandes tinglados especulativos -Torras, Banesto-, etcétera. También la reforma urbanística de las ciudades. Y no sólo Barcelona, Sevilla y Madrid, sino también Logroño, Murcia, Santiago o Girona. Pero no ha dado autoridad a sus alcaldes. Ni más competencias. El famoso 50 / 25 / 25, referido a los porcentajes de gasto público neto del Estado, las autonomías y las corporaciones locales -sin pensiones ni amortización de deuda pública-, a cinco años del 2000, se ha quedado en el 55 / 30 / 15 o algo parecido.

Queda la segunda fase del proceso descentralizador. Queda la sensación de que se resuelve lo difícil y no lo obvio: la suciedad, el vandalismo, el tráfico, la pequeña delincuencia, la indisciplina vial..., el entorno de cada día. Esto y la dificultad de solventar con políticas estatales o autonómicas el piso de los jóvenes y su primer empleo cultivan la decepción. Lo mismo con la drogadicción, la degradación de barrios..., es decir, todo lo que requiere políticas multidepartamentales y pegadas al territorio.

¿Y qué son los Gobiernos locales si no eso? La renovación de la política, la recuperación de la confianza en el sistema, comienzan en la calle, la escuela, el barrio y la oficina local de colocación.

Y terminan en Europa, que es el otro referente claro de nuestros conciudadanos, consumidores más o menos forzosos de las desgracias y descubrimientos que se suceden en un mundo cada día más próximo también, cada día más ineludible.

La corrupción no es la causa de la crisis política. La crisis política -la falta de proximidad y subsidiariedad cuando se perciben como posibles- es la causa del consumo de estupefacientes mediáticos.

Pongamos manos a la obra. Regeneremos nuestras ciudades, démosles autoridad y estaremos renovando la política. La derecha difícilmente lo hará.

es alcalde de Barcelona.