Borrell asegura que la ley de cable no puede cambiarse como quiere la Generalitat

El ministro de Obras Públicas, José Borrell, dijo ayer que el proyecto de ley de cable, que se encuentra en el Congreso de los Diputados, "no es negociable" en los términos que quiere la Generalitat de Cataluña. CiU, el partido que sustenta al gobierno catalán, reclama que las competencias para la explotación de redes de cable las tengan los gobiernos autónomos y no el Gobierno central, en contra de lo que se defiende en el proyecto de ley.Borrell, que presidió ayer unos actos conmemorativos del Día Mundial de las Telecomunicaciones, reconoció que el proyecto de ley de cable se encuentra paralizado en las Cortes y añadió que se deberá esperar a un "momento político más pacífico", para desbloquearlo.

Tras dejar constancia de que existe una discrepancia de fondo con CiU, advirtió del peligro de "desvertebración política" que supondría ceder en esa materia. "Además se necesitaría una ley orgánica para que existiera la posibilidad de ese traspaso de competencias", añadió.

El ministro rechazó las acusaciones de "centralismo tecnológico" lanzadas desde la Generalitat y tachó, por el contrario, de "centralistas" los planes del gobierno catalán "que hace descansar las atribuciones para dar licencias en la demarcación autonómica" mientras que el proyecto del Gobierno central defiende la iniciativa de los ayuntamientos para realizar el tendido del cable.

En el repaso que dio a algunos temas de telecomunicación, el ministro reconoció que Retevisión podría ser privatizado totalmente hacia 1998 y señaló que el ente público que sirve las señales de televisión a las cadenas públicas y privadas está llamado a ser el segundo gran operador de telecomunicaciones "para lo que necesita una alianza con el capital privado".

En relación con la posible reclamación de Airtel del canon de 85.000 millones de pesetas que pagó por la licencia de telefonía móvil, Borrell se mostró seguro de que no prosperará en caso de que se produzca por la vía de la Unión Europea o por vía judicial. Pero su ministerio no se opondrá a la posible petición de que Telefónica pague esa misma cantidad, si así lo exige cumplir con la libre competencia.