La prueba del algodón

La oposición municipal -IU y PSOE- agarró en 1991 un ariete -la subida de impuestos locales- y con él embistió al Gobierno de José María Álvarez del Manzano. Y así hasta hoy. La gran promesa electoral del PP en 1991 -congelación fiscal- saltó hecha añicos desde el primer pleno sobre ordenanzas de la era Álvarez del Manzano. La oposición torpedea desde entonces la gestión del Gobierno, pero los embates no han conseguido apear al concejal de Hacienda, el ex centrista Fernando López Amor, de su recurrente decisión: elevar, año a año y décima a décima, el impuesto que grava la posesión de un inmueble.

La cuota del impuesto de bienes inmuebles, hasta hace cinco años denominado contribución territorial urbana, cayó en picado durante el mandato de Juan Barranco. Su minoría en el pleno -tenía 24 de los 57 concejales- dejó la decisión en manos del CDS y del PP -sumaban 29-, que impusieron recortes importantes en los ejercicios de 1988 y 1989.

El mandato de Agustín Rodríguez Sahagún -que alcanzó la alcaldía por la moción de censura contra el PSOE- coincidió con la modificación del impuesto por parte del Estado. Para que la factura no se disparara por la reforma, el dirigente centrista fijó en 1990 el tipo mínimo permitido (0,40%), que no pudo impedir la subida. Esa cifra es la que se aplica al valor catastral para calcular el importe. En el ejercicio siguiente, Rodríguez Sahagún, apoyado por el PP, que dirigía José María Álvarez del Manzano, mantuvo ese tipo congelado.

Cuando Álvarez del Manzano tomó el bastón de mando, sacó el impuesto del congelador y, subió el tipo cuatro años seguidos, del 0,40% al 0,506% actual. A la subida estatal, el PP sumó la suya propia. El Ministerio de Hacienda ya revisa cada año al alza, de forma automática, el valor catastral de los inmuebles según el índice de Precios al Consumo.

Así, José María Álvarez del Manzano consiguió recortar el primer impuesto municipal cuando fue jefe de la oposición -junto al CDS impuso a Barranco la rebaja-, aprobó su congelación como primer teniente de alcalde y lo subió cuando estrenó el cargo de regidor de Madrid. Sin embargo, durante su mandato, y especialmente estos días de campaña electoral, Álvarez del Manzano repite con insistencia que la congelación fiscal (subida similar a la inflación) prometida por el Partido Popular se ha cumplido. No sólo eso, el regidor presume con frecuencia de gobernar la capital española con menor presión fiscal.

La crisis empantanó la política económica del socialista Joaquín Leguina. El cierre de empresas y las cifras del paro afearon durante los tres primeros años de su tercera legislatura la imagen del Gobierno regional. Tanto, que Leguina tuvo que forzar un acuerdo con sindicatos y patronal para confirmar su experiencia en paz social. Echó en la balanza unos gramos de ilusión que de poco sirvieron: el Pacto por la industria y el empleo arrancó con numerosas ideas, pero ninguna resultó eficaz. El Servicio de Atención para Empresas en Crisis (Saecri) apenas funcionó. En tres años, ocho firmas han conseguido arañar algunos millones para superar inconvenientes. La Sociedad de capital-riesgo que la Consejería de Economía ideó para tomar participaciones en determinadas industrias sólo salió adelante en el último pleno de la legislatura y aún no actúa. El Plan de Empleo Regional, que fomenta mediante ayudas económicas la creación de puestos de trabajo, hizo agua al destaparse un fraude empresarial que motivó la dimisión del director general de Empleo, Juan Navarro. Una trama empresarial fundada por antiguos socios de Navarro se embolsó hasta 70 millones de pesetas del presupuesto público por estudios falsos.Sólo la promoción de suelo barato -20.000 pesetas el metro cuadrado de media- para actividades industriales siguió avanzando. Tanto, que algunos de los nuevos polígonos están semivacíos por falta de clientes: el Arroyo Culebro, en la zona sur, tan sólo tiene vendidas el 50% de sus parcelas; el Parque Oeste de Alcorcón registra un 85% de suelo desocupado. Por contra, Las Monjas (Torrejón) y el parque empresarial de Torres de Alameda han vendido prácticamente la totalidad de sus terrenos.

La Ciudad de la Imagen respira por la tozudez de Ignacio Quintana, gestor empecinado en trasformar un erial de Pozuelo de Alarcón en la Cineccitá madrileña. Tras varios años de sequía, las industrias audiovisuales han empezado a regar las tierras con ladrillos. Un hipermercado, pese a la resistencia de los tenderos del municipio, se construye en la zona.

La sociedad pública Tres Cantos, fundada para fabricar una nueva ciudad, embarrancó en 1993. El gerente fue despedido y el plan para rematar el municipio, segregado de Colmenar en 1991, tuvo que ser modificado. Donde se proyectaron oficinas, se pintaron viviendas. Se reservó una parcela para un hipermercado y la maquina recuperó el movimiento, aunque todavía no ha cubierto su recorrido.

Joaquín Leguina se atrevió contra una costumbre. En julio de 1993, el PSOE impuso la Ley de Horarios comerciales con el apoyo de IU y la abstención del PP. Desde entonces, es obligado el cierre en días festivos, salvo 12 fechas al año. Se lo agradecieron los 62.104 propietarios de pequeños comercios y los empresarios de las 358 galerías de alimentación y los 60 mercados de la región, que no abrían en domingo. Desde entonces, según dicen, venden un 6% más. Los gigantes plantaron cara. Las 89 grandes superficies abiertas en la Comunidad perdieron el negocio de las fiestas y protestaron. Algunas firmas extranjeras incumplieron la ley. Desde que se aprobó la nueva norma se han presentado 332 denuncias contra establecimientos abiertos ilegalmente y se han impuesto 135 sanciones. El Ayuntamiento de Madrid estudió solicitar la excepcionalidad turística en la capital para que los comercios pudieran abrir los domingos. Pero no se atrevieron. Los tenderos amenazaban rebelión.