Huelga nada idílica

DESDE AYER, centenares de miles de pacientes de la red hospitalaria del territorio del Insalud -105 hospitales de 10 comunidades autónomas en las que viven 16 millones de personas- se han convertido en rehenes forzosos de un conflicto médico que pudo y debió haberse, evitado.Conscientes seguramente de la impopularidad de su gesto, los portavoces de las organizaciones convocantes -la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y la Organización Médica Colegial (OMC)- han pretendido tranquilizar a la opinión pública sobre sus efectos: las urgencias serán atendidas e incluso reforzadas, los cuidados intensivos no sufrirán la menor merma, algunos servicios como reanimación funcionarán al cien por cien, y, en general, "el paciente recibirá durante la huelga, por parte de los médicos, un trato aún más exquisito que de costumbre", según ha afirmado el secretario general de la CESM. Y si encima desde el Ministerio de Sanidad se asegura que los ciudadanos "no van a correr ningún riesgo para su vida o su salud durante la huelga", casi dan ganas de pedir a sus convocantes que la prorroguen todo el tiempo que sea posible.

Pero es de temer que las palabras vayan por un lado y los hechos por otro. Porque, al tiempo que dan esa idílica imagen de la huelga, los portavoces de los médicos advierten que cada día dejarán de realizarse cerca de 2.000 operaciones quirúrgicas y que no se pasará consulta a unos 70.000 pacientes externos. Sea cual sea finalmente el seguimiento de la huelga, está claro que afectará a unas listas de espera que superan los 125.000 pacientes. Y, como es natural, los portavoces de los médicos en huelga no han dejado de resaltarlo:1a huelga va a provocar , un serio deterioro de la calidad asistencial y médica de los beneficiarios de la sanidad pública.

Impedir este, deterioro hubiera sido motivo más que suficiente para evitar la huelga. Pero no haberlo hecho es en este caso especialmente incomprensible cuando el Insalud y los médicos dicen estar de acuerdo, en principio, sobre el motivo básico del conflicto: la desigualdad producida en los últimos años entre el régimen retributivo de los médicos del Insalud y los de las comunidades autónomas a las que se ha transferido la gestión de la sanidad pública (Cataluña, Andalucía, Galicia, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco y Navarra). Jurídicamente no puede cuestionarse el derecho de estas comunidades autónomas a retribuir a su personal médico de modo distinto a como lo hace el Insalud con el suyo. Pero profesional y sanitariamente esa disparidad -evaluada en unas 100.000 pesetas mensuales- es un foco de agravios.

Se comprende que las organizaciones médicas utilicen esa bandera, porque ya se sabe que ningún agravio moviliza tanto como el comparativo. Pero la actitud del Ministerio de Sanidad está respaldada por la dura realidad: es inasumible el coste económico de esa equiparación -unos 16.000 millones- en momentos de reducción del gasto público.

Lo cierto es que esta desigualdad salarial en función del territorio se ha producido por la imprevisión del Gobierno de no promulgar el estatuto marco previsto en el artículo 84 de la Ley General de Sanidad de 1986 para regular armónicamente el sistema retributivo del Sistema Nacional de Salud en su conjunto (el transferido y el del Insalud). Sin ese estatuto marco, el troceamiento retributivo y la multiplicación de los agravios comparativos eran previsibles. Hoy, entre los médicos del Insalud y los de las comunidades autónomas con competencias en materia de salud, y muy pronto, entre los de estas mismas comunidades autónomas entre sí. Así, entre la imprevisión de unos y la impaciencia de otros, el resultado es el deterioro de la asistencia sanitaria. Y las víctimas, los más desprotegidos, aquellos que no pueden pagarse un seguro privado.