La Generalitat, contra la ley del cable de Borrell

El Gobierno de la Generalitat de Cataluña confirmó ayer públicamente su oposición frontal al proyecto de ley de Telecomumícaciones por Cable, que el Gobierno envió al Congreso a propuesta del ministro de Obras Públicas, José Borrell. Ese proyecto se encuentra actualmente en el. Congreso en fase de presentación de enmiendas. El consejero de Industria de la Generalitat Antoni Subirá, dijo, al presentar la posición del Gobierno catalán sobre este asunto, que la ley de telecomunicaciones por cable es considerada por la Generalitat como una "prioridad máxima".

, La principal discrepancia del Gabinete presidido por Jordi Pujol consiste en la figura del segundo operador de la red (el primero es Telefónica). Mientras el proyecto de ley del Gobierno contempla la concesión de una licencia de segundo operador en cada una de las demarcaciones (que en gran parte coincidirán con los municipios), la Generalitat considera que debe abarcar todo el territorio de una autonomía."El proyecto de ley, al fraccionar por municipios el segundo operador, lo que hace en realidad es reforzar el monopolio de Telefónica, porque un operador local nunca será una competencia seria a otro de ámbito estatal", dijo, Subirá. "La del proyecto de ley es, en realidad, una pantomima de competencia que perjudicará seriamente al servicio".

Subirá se mostró moderadamente optimista sobre la posibilidad de llegar a una acuerdo con el Grupo Socialista, que precisa de los votos de CiU para sacar adelante la ley. Y agregó que la ampliación por un mes más del plazo de presentación de enmiendas es un síntoma de que "se está negociando".

Sin embargo, el consejero no ocultó que la modificación del proyecto que propugna la Generalitat es "sustancial y no anecdótica" y anuncié que, de proseguir por mucho tiempo la incertidumbre derivada de la alegalidad actual del asunto, la Generalitat promovería por su cuenta la creación de una red "de banda ancha" que satisfaga sus objetivos. "Esperamos que no haya que llegar a esto" agregó Subirá.

La Generalitat pretende también obtener la competencia sobre la concesión del segundo operador, que el proyecto del Gobierno atribuye a los ayuntamientos. El gobierno catalán considera, además, "incomprensible" que el proyecto fije un mínimo de 20.000 habitantes para la unidad territorial en que será posible una concesión. Este límite, según Subirá, dejaría sin cobertura de cable una gran parte del territorio deCataluña. La figura de un segundo operador fraccionado que se contempla en el proyecto, tendría como resultado, razonó el consejero, que las empresas privadas se instalasen sólo en las zonas de mayor densidad de población para hacer rentable la inversión. En cambio, añadió, su propuesta obliga al operador a cubrir todo el ámbito de la comunidad autónoma, incluidas las zonas mas despobladas, con un coste prácticamente insignificante.

El consejero de Industria se mostró de acuerdo en que Telefónica sea el primer operador y dijo que, de acuerdo con la experiencia británica, dotar de más fuerza y de una capacidad de competencia real al segundo operador no iría en detrimento del primero, sino al contrario, para lo cual alegó el ejemplo de Telecom en el Reino Unido, que está obteniendo beneficios mucho mayores de los que había presupuestado.

Barcelona, zona piloto

El coste estimado del cableado de Cataluña es de unos 75.000 millones de pesetas. Subirá dijo que habrá que buscar la fórmula de conseguir que los cableados ya realizados no se conviertan en inversiones perdidas y que queden integrados en la red del segundo operador.

Una de esas inversiones será la del cableado piloto de Barcelona que el ayuntamiento de la ciudad est á promoviendo. Sin esperar a la aprobación de la ley, el consistorio barcelonés ha convocado un concurso público para la construcción y explotación por cuatro años. y con carácter experimental de una red de cable que conecte 20.000 viviendas de la ciudad. Las cláusulas del concurso establecen que, en caso de que durante este periodo entre en vigor la ley de Telecomunicaciones por Cable y el adjudicatario no obtenga la concesión definitiva de la explotación, perdería el contrato.

Subirá dijo que la concesión del segundo explotador debe ser competencia de la Generalitat y no de los ayuntamientos.