El fiscal pide 48 años de cárcel a la cúpula de Bankpyme por delito fiscal y falsedad en documento

, El presunto delito fiscal descubierto en dos productos financieros del Banco de la Pequeña y Mediana Empresa (Bankpym) puede acabar en duras condenas a tenor de la calificación fiscal del caso, que pide penas por un total de 48 años de prisión para cuatro miembros del consejo de administración de la entidad: el presidente ejecutivo, Josep Jané Solá -catedrático de Economía Política para quien el fiscal pide 13 años-, el vicepresidente Francesc Busquets Farrás (16 años), el apoderado de la filial Gestora, Alberto Rivillo Solé (10) y el presidente, Josep Maria Fabregat Piferrer (10). A todos ellos se les imputan los delitos de falsedad en documento mercantil y delito fiscal.El fiscal también acusa de fraude fiscal a un grupo de 30 inversores multimillonarios, algunos de los cuales llegaron a invertir hasta 590 millones de pesetas en los fondos de inversión. Para ellos la petición oscila entre los 10 y los dos años de cárcel. La bolsa de fraude es de 2.000 millones de pesetas. Las multas que pide el fiscal para los inculpados también son millonarias ya que insta que cada uno de los cuatro directivos pague 2.000 millones al Estado. Se trata de dos tipos de fondos -multivalor y multidinero- ideados por los responsables del banco para captar dinero de los clientes "cuyo principal atractivo para el inversor era, además de la interesante rentabilidad, la opacidad fiscal", reseña la calificación del fiscal. Los citados productos financieros se crearon en 1986 y 1987 y en tres años se nutrieron de 62.000 millones de pesetas depositados por un total de 12.185 clientes de la entidad.

Por ello, el fiscal acusa a los cuatro directivos del banco de delito fiscal al considerarles cooperadores necesarios. Sin embargo, uno de ellos, Francesc Busquets, se enfrenta a una pena más alta -de 16 años de prisión- por ser titular él mismo de 242 millones de pesetas bajo un nombre ficticio. Esa fue la situación de algunos de los inversores con más millones en los fondos ya que ocultaron su identidad bajo nombres supuestos, hecho en el que se basa la acusación de falsedad en documento. La identidad real de los inversores fue conocida a requerimiento de la juez que ha llevado el caso, Montserrat Comas de Argemí.

La ocultación de la identidad, con nombres inventados o números, fue uno de los sistemas ideados por el banco para asegurar la opacidad fiscal, sostiene la calificación del fiscal. Otro fue la no comunicación por parte del banco a la administración tributaria "de los datos relativos a las inversiones realizadas y beneficios obtenidos".

La acusación del fiscal se ciñe a los inversores con más de 120 millones de pesetas depositados en los productos financieros de Bankpyme. La gran mayoría de clientes del banco que tenían fondos multidinero y multivalor acudieron a las oficinas de Hacienda a regularizar su situación al hacerse público que la juez había registrado la oficina de Travessera de Gràia, de Barcelona.

La petición del fiscal para la cúpula del banco ha sido calificada de "ensañamiento" contra ellos por fuentes jurídicas próximas a los procesados que añadieron que se ha privado del derecho a la defensa de los directivos.