Menores protegidos

EL CONSEJO de Ministros aprobó ayer una nueva ley de protección jurídica del menor, que contiene, entre otros aspectos, una reforma del régimen de adopción. Además de reforzar las medidas de protección del menor frente a los malos tratos o cualquier otra situación de desamparo, la nueva normativa pretende adaptar la importante institución social de la adopción al fuerte crecimiento de solicitudes registradas en España en los últimos años.Para ello, el proyecto de ley de protección jurídica del menor remitido al Congreso plantea tres objetivos básicos: la agilización de los trámites judiciales de adopción; la desaparición de toda discriminación legal entre las adopciones de niños extranjeros y españoles, y el reconocimiento de agencias privadas de adopción sin ánimo de lucro, bajo control de la Administración. El sistema legal de adopción sufrió en la última década profundas reformas, que pretenden sacar el mayor partido posible a la función social de esta institución y controlar mejor las prácticas de mercado negro -entregas discriminatorias o compraventa de bebés-. La introducción de la figura del acogimiento familiar, previa o alternativa a la adopción, y la potenciación del papel de las instituciones son los dos principales logros. Pero la regulación se reveló insuficiente ante el crecimiento de demandas de adopción de niños extranjeros.

Con la nueva ley, esta demanda será más fácilmente atendida. La escasez de niños susceptibles de adopción en España ha sido compensada por la abundancia de los que se hallan en esa situación en países asolados por guerras o por la miseria. Facilitar la adopción del menor, garantizar su defensa frente a las vejaciones y malos tratos y velar por su escolaridad son algunos de los aspectos de una protección integral de la infancia a la que ni la sociedad ni los poderes públicos pueden dar la espalda.