El inventario del Archivo de Salamanca

Parece que, en su afán por defender la permanencia de los fondos documentales de la Generalitat republicana en la sección de la Guerra Civil del Archivo histórico Nacional de Salamanca, y ante la falta de argumentos políticos y técnicos solventes, las autoridades salmantinas, y especialmente el alcalde de la ciudad, han optado en los últimos días por falsear la realidad. No es otra cosa afirmar, con ejemplos tan peregrinos que hasta da reparo mencionarlos, que sólo una parte de los documentos reclamados pertenecen a la Generalitat de Cataluña.Como sea que, a tenor de diversas declaraciones y cartas en distintos medios de comunicación, esta idea ha calado entre algunos sectores de opinión y ha sembrado dudas sobre la legitimidad de la devolución de la documentación a Cataluña, en nuestra condición de archiveros que entre los meses de marzo de 1983 y agosto de 1984 realizamos por encargo del Departamento de Cultura de la. Generalitat el inventario de los fondos documentales en cuestión, debemos afirmar con rotundidad que la totalidad de los 507 legajos en litigio pertenecen a la Generalitat republicana.

No es éste el lugar para comentar los problemas técnicos que supusieron la identificación, selección y clasificación de esta documentación, en gran parte debido a la ausencia de unidad del archivo -uno de los conceptos, el de la unidad del archivo, que paradójicamente ahora se esgrime para apoyar la permanencia de los fondos de la Generalitat en Salamanca-, pero quizá sea suficiente con decir que muy probablemente la documentación susceptible de integrarse: en los fondos de la Generalitat, ya sea procedente de la sección, P. S. Barcelona o de otras del archivo, es superior a la que refleja, el inventario. La prudencia, aconsejó no incorporar al fondo Generalitat recogido en este instrumento de descripción algunos expedientes relativos a Orden Público y Defensa por la complejidad que presentaba en el contexto de la guerra civil, especialmente desde mediados de 1937, la distribución -y el ejercicio de las mencionadas competencias entre el Gobierno de la República y la Generalitat.

La versión catalana del inventario de los fondos de la Generalitat republicana depositados en Salamanca fue publicada por el Departamento de Cultura el año 1992 y está a disposición de cualquier persona interesada en el tema. Respondemos, evidentemente, de su contenido, y estamos dispuestos a defenderlo y a debatirlo en las tribunas que sean necesarias.

Pero creemos oportuno añadir algo más. El inventario va precedido por un estudio de María Teresa Díez de los Ríos -facultativa del Cuerpo de Archiveros del Estado que, en su condición de directora del Archivo de Salamanca en aquel momento, dirigió y supervisó los trabajos de clasificación-, que sitúa la documentación en su contexto histórico y orgánico y disipa cualquier duda sobre su origen.

Más allá, pues, de los recelos interesados sobre la competencia o las intenciones de los archiveros catalanes, cuestionar la pertenencia a la Generalitat de Cataluña de los legajos reclamados pone de manifiesto el más elemental desconocimiento de los principios básicos que informan la metodología archivistica.- Jefe del Archivo Histórico de la Universidad de Girona y director del Archivo Histórico Comarcal de Olot, respectivamente.