Los ministros económicos mantienen diferencias sobre la privatización de las empresas públicas

El Ministerio de Economía y Hacienda, junto con el de Comercio y Turismo, ha decidido adoptar abiertamente el modelo de ventas de empresas públicas bajo su tutela mediante un "procedimiento ordenado". Mientras, el ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, opta por mantener el esquema de holding público en Teneo al tiempo que preconiza la desaparición de la superestructura del INI; y José Borrell, titular de Transportes y Comunicaciones, no concreta la privatización de Aeropuertos Nacionales, una operación que se le ha pedido desde Economía.

Estos criterios divergentes están en la raíz de la extrema lentitud cori que se está abordando la venta de empresas públicas desde el Gobierno. Hasta ahora, el único fenómeno conocido, además de la colocación de acciones de Repsol -de indudable exito-, es un cruce de informes entre Industria y Economía que pone de manifiesto la diferencia de criterios mencionada y oculta alguna de las tensiones empresariales serias que existen en Teneo. Industria pasó por la comisión delegada el Plan de Racionalización y Modernización del Sector Público Empresarial, un texto voluntariamente descafeinado para evitar que sea interpretado como un estatuto potencial de la empresa publica, y Economía ha contraatacado con otro informe en el que define un esquema abierto de privatizaciones, texto que no fue examinado en la última comisión delegada.La propuesta de Solbes y su equipo es privatizar las empresas tuteladas por la Dirección General del Patrimonio, de forma que, al final del proceso, se mantengan pequeñas participaciones públicas de capital, entre el 5% y el 10%. El esquema ordenado de ventas significa que las grandes empresas (Argentaria, Tabacalera, Telefónica, Aldeasa) recurran a las colocaciones en Bolsa como fórmula. La venta en el mercado se complementará con la venta de paquetes accionariales a grupos empresariales o bancarios significativos de forma que constituyan aliados estratégicos, financieros o tecnológicos.

Ésta es una de las indefiniciones del plan de privatización de Economía. En casos como Telefónica, la formación de núcleos accionariales duros tiene como finalidad evidente el apoyo estratégico o financiero. Pero el debate interno en el Gobierno está en fijar los límites de participación pública en las empresas privatizadas por debajo de los cuales sería posible un relevo de gestión a cargo de accionistas privados. Esa definición, que implicaría sustituir gestores públicos por privados en consonancia con el ritmo de privatización, no está hecha por el momento. Ni siquiera hay acuerdo en los pasos previos, como se verá.

En otros términos, mientras no se determine el límite y procedimiento mediante el cual es posible la gestión privada después de la venta de participaciones, la política final de privatización no estará concluida. "No es buena táctica vender parte del sector público sin tener en cuenta quiénes serán los nuevos dueños y cómo quedará estructurada la propiedad", en opinión de un alto cargo del Gobierno.

La propuesta de la privatización abierta, como se sabe, carece de otro objetivo estratégico que no sea la reducción del déficit. Economía espera conseguir entre 770.000 millones y un billón de pesetas en dos años (1995 y 1996). No obstante, debe tenerse en cuenta que el factor más importante para iniciar un proceso de colocaciones es el mercado. Y, en estos momentos, colocaciones como la de Argentaria, por poner un ejemplo significativo, anunciada y deseada, resultan prácticamente imposibles dada la relación entre su cotización actual y el precio de la colocación anterior.

La propuesta de Economía y Hacienda cuenta con el apoyo cierto del departamento de Comercio y Turismo. Javier Gómez Navarro aportará al proceso privatizador no solamente Paradores de Turismo, el grupo hotelero del Estado, sino también Focoex.

Mientras, Juan Manuel Eguiagaray, ministro de Industria y Energía, maneja consideraciones estratégicas diferentes: quiere apostar ala baza de Teneo como grupo industrial capaz de generar beneficios y de actuar como agencia empresarial que mantiene o reflota empresas y las vende cuando conviene. Esta apuesta, obligada en parte por las escasas posibilidades de venta de las empresas ruinosas -y las no tan ruinosas- del INI (Instituto Nacional de Industria), implica una reforma profunda en el INI y Teneo en las siguientes líneas:

- Configuración de Teneo como un grupo empresarial independiente, separado de los Presupuestos Generales del Estado -por tanto, con autonomía financiera- y del INI. Este grupo carecería de dirección estratégica, habida cuenta la diversidad de actividades de las empresas.

- Progresiva reducción del INI, que quedaría conectado a los Presupuestos Generales del Estado para financiar los negocios conocidos eufemísticamente como "maduros" (siderurgia, naval).

La apuesta de Eguiagaray es política, en el sentido menos malo del concepto. Es decir, Industria trataría de instrumentar un grupo empresarial público amplio y con ciertas expectativas estratégicas. Pero el problema interno, según las diferentes versiones conocidas, es que una condición indispensable para la recuperación de Teneo es el cambio de los gestores actuales por otros "más dinámicos". Resulta que en ese cambio también querrían participar, si llegara a producirse, otras áreas. del Gobierno que Eguiagaray prefiere mantener alejadas del holding público, sea Teneo o el INI.