De dichos y hechos contra la corrupción

COMO MANIFESTACIÓN de voluntad política, la recién creada fiscalía anticorrupción y la nueva ley de contratos del Estado tienen un valor indudable. El fortalecimiento de la democracia exige endurecer en todos los frentes la lucha contra los abusos de poder que se traducen tanto en enriquecimiento personal como en fórmulas ilícitas de financiación de los partidos políticos. Y para que sea creíble hay que contar con instrumentos eficaces. No bastan meros gestos para la galería política.La idea de crear una fiscalía especial contra la corrupción fue una de las muchas que surgieron en el debate sobre el estado de la nación celebrado en abril de 1994 en plena conmoción por los escándalos Rubio y Roldán. Y la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas formaba parte del famoso paquete sobre el impulso democrático anunciado por Felipe González después de las elecciones legislativas de junio de 1993. Pero ambas leyes nacen con graves hipotecas a su credibilidad.

De entrada, la nueva Ley de Contratos de las Administraciones Públicas ha sido aprobada con los votos en contra del PP, del PNY y de CiU. La alianza entre populares y nacionalistas en el voto sobre esta ley en el Senado es, como poco, llamativa. Sobre todo por lo que se refiere al PP, que siempre se ha mostrado públicamente favorable al objetivo perseguido por esta norma.

Los nacionalistas han cuestionado desde el inicio de su tramitación parlamentaria el carácter de legislación básica de la norma aprobada. Es decir, han impugnado su obligatoriedad como punto de partida de cualquier desarrollo normativo de la contratación administrativa en los ámbitos autonómico y local. Su deseo era que ese carácter se hubiera limitado a la contratación estatal. Aparentemente al menos, los nacionalistas se oponen a una de las leyes clave contra la corrupción por considerar que atenta contra sus competencias.

Más curiosa ha sido, sin embargo, la razón dada por los populares para votar contra una ley de: la que siempre se habían mostrado partidarios. Alegan que es insuficiente porque no regula expresamente la contratación de la empresa pública. Pero si se trata de una legislación básica, no podía abordar lo que constituye el cometido de una norma posterior. Los socialistas se han quedado solos en la aprobación de la ley y acusan a los populares de coincidir con los nacionalistas a la hora de tener las manos libres para la contratación pública en las comunidades que gobiernan.

Pero si esta ley fundamental contra la corrupción política nace tocada del ala -es decir, con la hostilidad del principal partido de la oposición y lógica alternativa de gobierno-, la recién creada fiscalía contra la corrupción no ofrece mejores perspectivas. El apoyo de los grupos políticos ha sido unánime. Incluso por parte del PP, inicial patrocinador de la medida en el debate sobre el estado de la nación en abril de 1994. Pero si en esta ocasión no existen condicionantes políticos, los hay, y muy fuertes, de orden presupuestario y de escasez de medios. ¿Podrá un ministerio fiscal al límite de sus fuerzas asumir con un mínimo de eficacia la nueva tarea asignada?

El precedente de la fiscalía especial antidroga, convertida en poco más que una oficina de coordinación de los procedimientos penales contra el narcotráfico, induce a desconfiar del papel que pueda. desempeñar otra similar en el campo de la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción. Si no tiene la dotación necesaria y el fiscal general del Estado no asume responsabilidad en su labor, no pasará de ser un órgano más de rimbombante nombre, pero escasa utilidad.