Un comité parlamentario discute si Claes debe declarar ante el Supremo belga

Once representantes de los principales partidos políticos belgas -tanto de la mayoría como de la oposición, salvo de la extrema derecha flamenca- formaron ayer por la tarde la comisión especial encargada de contestar a la demanda del Tribunal Supremo de interrogar al secretario general de la Alianza Atlántica (OTAN), Willy Claes. La comisión, reunida en secreto, entregará al Parlamento sus conclusiones para que éste pueda decidir hoy -o el lunes, a lo más tardar- si da el visto bueno para que Claes declare ante el Supremo por el caso Agusta sobre el pago de comisiones ilegales, que Agusta consideró necesarias para el contrato.

El presidente del Parlamento belga, Charles-Ferdinand Nothomb, dirige los trabajos de los comisionados, aunque no tiene derecho a voto. A última hora de la tarde de ayer, la comisión seguía reunida para determinar si pedía más aclaraciones al Tribunal Supremo sobre su demanda. Fuentes próximas a la reunión tampoco descartan que la comisión, que podría continuar hoy sus deliberaciones, llame a declarar tanto a Claes a Louis Tobback y Guy Coeme, los otros dos ex ministros involucrados en la demanda del Supremo, antes de tomar su decisión.La demanda del Tribunal se centra en las declaraciones realilzadas en julio de 1994 a la juez Véronique Ancia por el antiguo presidente de Ajusta, Roberto D'Alessandro. Este reconoció entonces que Agusta entregó comisiones -a través del intermediario de la empresa en Bélgica, Georges Cywie- para influir en los Ministerios de Defensa y Asuntos Económicos a favor de Agusta. Willy Claes era en 1988 -cuando el Gobierno aprobó la compra de los 46 helicópteros italianos- ministro de Asuntos Económicos y Guy Coeme, de Defensa. D'Alessandro llegó a reconocer ante la juez que si Agusta no hubiese entregado comisiones -en principio por valor de unos 230 millones de pesetas- nunca habría obtenido el contrato para el Ejército de tierra belga.

Los 11 miembros de la comisión especial también disponen de la declaración realizada en 1993 por Georges Cywie ante la juez Ancia. Éste declaró entonces que Willy Claes o su jefe de gabinete percibieron 0,5% de la cuantía del contrato con Agusta. El Parlamento belga debe tomar una decisión sobre Claes en sesión plenaria, aunque todavía no se ha decidido si los debates serán públicos o no.

"Todo depende de si la comisión considera que hay elementos confidenciales en la demanda del Tribunal Supremo", manifestaron fuentes parlamentarias. La decisión final se debe tomar antes del próximo martes, fecha en la que deben disolverse las Cámaras belgas con vistas a las elecciones del 21 de mayo.

En la Alianza Atlántica fuentes oficiales recordaron que los Estados miembros siguen manteniendo su apoyo al actual secretario general y que el caso Agusta es una cuestión interna belga. "Claes es inocente mientras no se demuestre lo contrario", añadieron.

Guy Coeme dijo estar a disposición de la justicia ya que no tiene nada que esconder. Según este antiguo ministro socialista francófono, los tribunales intentan determinar de dónde proceden los 240 millones de pesetas que, al parecer, fueron entregados a Johan Delanghe y Etienne Mangé.

Delanghe, antiguo jefe de Gabinete de Willy Claes, y Etienne Mangé, antiguo tesorero del Partido Socialista flamenco (SP), siguen en la actualidad encarcelados. Tras descubrir varias cuentas bancarias en Suiza por las que se movió el dinero de Agusta, la justicia belga sigue investigando la procedencia exacta de las comisiones, su destino y su utilización.

En caso de que la comisión parlamentaria conteste positivamente a la petición del Supremo, la Justicia podrá seguir instruyendo el sumario durante el periodo electoral, con el Parlamento disuelto. Con la disolución de las cámaras los parlamentarios belgas también pierden su inmunidad lo que permitiría a los jueces interrogar al antiguo ministro belga de Asuntos Exteriores, el socialista Frank Vandenbrouke, que dimitió a finales de marzo tras reconocer que había ordenado en 1991 que se quemara el dinero negro del partido procedente de comisiones ilegales.