Una propuesta para el Archivo de Salamanca

Sería una triste gracia que una fechoría del franquismo provocase ahora enfrentamientos entre las fuerzas y las instituciones de la democracia. Sin embargo, esto es lo que está empezando a ocurrir en torno al asunto del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Por eso creo que hay que apelar a la sensatez de todos para encontrar soluciones satisfactorias por la vía del diálogo.Desde luego, este asunto no ha surgido ahora, de improviso. En el Parlamento de Cataluña hace años que todas las fuerzas políticas representadas en él aprobaron por unanimidad una resolución que solicitaba el retorno a Cataluña de los documentos de la Generalitat republicana que las tropas franquistas se llevaron al terminar la guerra civil. Desde hace tiempo, también, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados se han estado presentando iniciativas al respecto. Y en el debate de éstas se expresaba ya la misma contradicción que se ha manifestado abruptamente ahora: por un lado, predominaba una actitud de comprensión hacia la reivindicación del retorno a Cataluña de los documentos expoliados; por otro, había una gran reticencia a romper la integridad de un archivo formado de manera dramática, pero que, después de muchos avatares, era ya un archivo estructurado y con una personalidad bien definida.

Como es sabido, el actual archivo sirvió inicialmente como un apéndice del mecanismo represor contra los antifranquistas. De allí salían los certificados que justificaban las condenas de tantos y tantos represaliados por el franquismo en los anos cuarenta y cincuenta. Pero también es cierto que de allí salieron, en los años ochenta, los certificados que permitieron a muchos antifranquistas represaliados y perseguidos reclamar y obtener compensaciones en forma de indemnizaciones o pensiones.

En realidad, el archivo se estructuró definitivamente como tal en los años de la democracia, primero con los Gobiernos de la UCD y luego con los del PSOE. Cuando las fuerzas políticas de Cataluña pidieron el retorno de los documentos de la Generalitat republicana, el archivo era ya una institución consolidada como centro de investigación y como patrimonio cultural de la ciudad de Salamanca. De ahí la contradicción a que me refería más arriba.

De hecho, se intentó una solución de compromiso que consistió primero en identificar lo que era documentación específica de la Generalitat y lo que, aun proviniendo de Cataluña, era documentación del Gobierno de la República, cuando se instaló en Barcelona. Una vez hecha la identificación por expertos del archivo y otros enviados desde Cataluña, se procedió a microfilmar los documentos propios de la Generalitat y se remitió a Cataluña el material microfilmado. Pero es indudable que esta era y es una solución a medias, porque detrás de la petición de las fuerzas políticas catalanas lo más importante no es el deseo de poder consultar las fuentes en Cataluña misma, sino el de recuperar una documentación que simboliza la continuidad entre la Generalitat republicana destruida por el franquismo y la Generalitat restaurada por la democracia.

Planteado el asunto en estos términos, la contradicción era y es insoluble. Y así resultó durante años pese a los intentos de encontrar una salida y a las manifestaciones de buena voluntad. Por eso el acuerdo adoptado recientemente por el Gobierno del Estado tiene, pese a las reacciones contrarias que ha provocado, un efecto clarificador, porque más allá de la querella obliga a las partes a buscar una salida que sólo puede ser satisfactoria si es pactada.

¿Por qué hablo de pacto? Porque sería suicida que un problema de esta índole se convirtiese en arma arrojadiza electoral y crease tensiones y confrontaciones entre fuerzas políticas y entre territorios. Pero, más allá de la coyuntura, porque creo que es un problema insoluble si se sigue planteando en términos de conservación o retorno de documentos.

El futuro de los archivos como centros de investigación no pasa ya por el manejo concreto de documentos, sino por la informatización, la digitalización y la interconexión entre centros archivísticos diversos. Por eso tiene escaso sentido que nos peleemos por la ubicación física de unos determinados documentos. El Archivo de la Guerra Civil debe permanecer íntegro en Salamanca, no sólo porque allí se ha formado, sino porque es parte del patrimonio de una ciudad que es una auténtica capital cultural y que como tal debe ser mantenida y promocionada. Pero esto no es compatible con el retorno a Cataluña de los documentos de la Generalitat expoliados por el franquismo. O más exactamente, esto no es compatible si superamos la lógica estrecha de una querella por el reparto de documentos.

Yo creo que la solución del problema es posible. Es más, ya se intentó y no fructificó, posiblemente por la combinación de una escasa comprensión del asunto y una carencia de recursos. Pero ahora no hay más remedio que abordarla porque no podemos permitir que el asunto degenere en una confrontación insensata. Concretamente, creo que el Gobierno del Estado, los Gobiernos de la Generalitat de Cataluña y de la Junta de Castilla y León, las fuerzas políticas de ambas comunidades y los ayuntamientos concernidos, especialmente el de Salamanca, deberían alcanzar un acuerdo para informatizar y digitalizar el Archivo de la Guerra Civil. y comprometer a instituciones financieras privadas, especialmente las ubicadas en Cataluña y en Castilla y León, para contribuir a la financiación del proyecto junto con las aportaciones públicas. Así se hizo, por ejemplo, con un notable éxito, en el Archivo de Indias de Sevilla, hoy admirado en todo el mundo.

Una vez alcanzado dicho acuerdo, el problema se podría plantear en sus términos reales y la incompatibilidad desaparecería. El archivo digitalizado permanecería íntegro en Salamanca y los documentos de la Generalitat republicana expoliados hace más de 50 años volverían a Cataluña.

Es posible que a unos esto les parezca una utopía y que a otros les moleste porque, desde el punto de vista electoral, les conviene mantener la tensión. En todo caso, ésta es la propuesta que hizo la dirección del Partit dels Socialistes de Catalunya hace unos días, y creo, sinceramente, que es la única que no sólo puede resolver el problema, sino la única que puede dignificar la política en esta dificil coyuntura.