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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Democracia en España

La siguiente explicación parece ser muy apropiada para lo que está ocurriendo ahora: "El poder tiende naturalmente a acumularse", decíamos, "y la acumulación conduce también de modo natural, primero, al exceso, y seguidamente, al abuso y al desenfreno. Una de las incongruencias en que incurren habitualmente los impenitentes críticos de los sistemas democráticos consiste en afirmar que un régimen político puede ser eficiente y justo sólo con estar sustentado en una personalidad o un grupo de personas a las que se atribuyen de antemano las mayores virtudes. El político democrático sabe, en cambio, que la deshonestidad, la indignidad y la tendencia al abuso y la arbitrariedad no son privativas de unos grupos, partidos o clases sociales, sino que se reparten por igual entre todos, y por ello adopta garantías generales destinadas a evitar su proliferación, su predominio y, sobre todo, su impunidad".Estas líneas aparecieron en la página 38 de mi libro publicado hace 28 años, o sea, en 1967, con el título Una democracia para España, por la editorial de Cuadernos para el Diálogo, Edicusa. A ellas seguían estas otras, en el sentido de precisar el mejor tratamiento aplicable a aquel diagnóstico: "Por eso el poder ha de estar institucionalmente limitado, y esa limitación se consigue por la división en poderes separados e independientes que se equilibran y frenan mutuamente, así como por la caducidad temporal del mandato concedido a los titulares de esos poderes. Pues no solamente tiende el poder de modo natural a acumularse, sino también a perpetuarse, vinculándose de modo permanente a una persona, a una familia o a un grupo social o político. Con lo cual se cierra un círculo vicioso pues "el poder va a donde está el poder".

Es una lástima que en los años de la transición no se tuvieran estos avisos en cuenta, a la hora de regular de modo adecua do las nuevas instituciones democráticas. Simplemente con disponer un plazo reducido para la continuidad de los presidentes de los gobiernos -nacional y autonómicos-, por ejemplo, no más de dos legislaturas, o sea, ocho años, como se hace en Estados Unidos con el presidente federal, habría sido suficiente. Si se hubiera hecho sería todo muy distinto ahora, pero siempre estamos a tiempo de hacerlo.-

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