Peces de discordia

SI LAS bases para el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Canadá acaban plasmándose en un pacto formal y se ratifican en el organismo multilateral que regula las pesquerías del Atlántico Norte, la NAFO, el sector pesquero español sufrirá un fuerte revés económico: su cuota de capturas se reducirá en más de un tercio. Lo que se obtendrá a cambio, la previsible devolución de la fianza y el importe del pescado requisado al Estai, y la reconducción del conflicto desde el enfoque violento canadiense hacia el respeto a una legislación internacional que asegure menor cantidad de pesca, pero más segura, es un escaso consuelo.Por una parte, no hay duda de que en este asunto ha sido Canadá quien ha violado la legislación existente, secuestrando un pesquero y agrediendo e intimidando a otros que faenaban también fuera de las 200 millas. Sin embargo, será Canadá, la parte agresora, quien más dividendos sacará de la aventura. Por otra, la actitud del Reino Unido, alineándose con Canadá no por motivos de justicia, sino de afinidades históricas o de inconcreta naturaleza, ha dejado a los socios ibéricos en una situación de inferioridad. Es cierto que existen dudas sobre la conducta de los pesqueros españoles y portugueses en aguas internacionales, como ha resaltado con singular énfasis la prensa británica; pero no es con unilaterales e ilegales hechos consumados como se impondrá el respeto al derecho. El episodio ha confirmado la debilidad de la política exterior de la UE y, por otra parte, que España carece en los foros en que se juega esta partida de un peso proporcional a su potencia pesquera.

Estas constataciones requieren, sin embargo, algunas matizaciones primero, porque resulta evidente que ante el crecimiento de las propuestas conservacionistas de los recursos pesqueros tiene más que perder quien más faena. Y el principal recorte de la cuota europea (en la práctica, hispanoportuguesa) no se produce ahora, sino con la decisión tomada el año pasado de limitar las capturas totales a 27.000 toneladas en 1995 (cuando sólo la flota española obtuvo más de 35.000 en 1994). La conservación de los recursos resulta un imperativo de la industria pesquera, planteada desde una óptica de largo plazo. Lo contrario, la depredación, en la que Canadá es tan experta -contra lo que proclama-, sólo conduce a hacer cierto el axioma "pez para hoy, hambre para mañana".

En segundo término, es cierto que Canadá va a obtener al final del proceso un aumento sustancial de su cuota, pero también que sale muy resquebrajado su prestigio internacional. Su negativa a someterse a la jurisdicción del Tribunal de La Haya es una confesión de que no anda sobrada de argumentos jurídicos. Y la debilidad de la política exterior comunitaria no debe ocultar el intenso apoyo diplomático de la Comisión -muy particularmente el de la comisaria de Pesca, la italiana Emma Bonino- y de todos los demás países comunitarios. Pese a la deserción británica, no es cierto que España se haya quedado sola. No lo ha estado ni lo está, aunque sus razones hubieran valido apoyos más contundentes.

Tal como están las cosas, la única alternativa al paquete de soluciones -manifiestamente mejorable, sobre todo en el capítulo de las cuotas- que se está perfilando en Bruselas sería mucho peor: pasaría por incrementar el nivel de inseguridad física y jurídica de marineros y armadores, por consagrar la ley de la selva marítima y por la disposición a hacer uso de la fuerza, en una escalada armada y violenta de desenlace peor que incierto.

El sector pesquero español deberá desarrollar imaginación y audacia para contrarrestar el revés con una política de ajuste y la búsqueda de nuevos caladeros y de recursos artificiales, en la línea de las investigaciones en acuicultura que propugnan los científicos y algunas experiencias japonesas. Pero también es cierto que, fuera de Europa, el desastre hubiera sido mayor. Hace 18 años, la flota española fue expulsada del Gran Sol sin obtener una migaja de solidaridad ni el derecho al una tonelada compensatoria. Ahora, parecidas sinrazones no han podido echar a los barcos ibéricos de los caladeros de Terranova.