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Tribuna:DEBATES

Perpetuar a los vencidos

EL ARCHIVO DE SALAMANCALa iniciativa del ministerio de Cultura de comenzar los trámites para que los documentos de la Generalitat republicana, requisados por las tropas de Franco y que ahora se encuentran en Salamanca, vuelvan a su lugar de origen, ha provocado una encendida polémica en la que, al margen de las pasiones nacionalistas, se enfrentan argumentos opuestos y razonables. Para unos, se trata de una cuestión de legitimidad de la propiedad y de superación de la idea de vencedores y vencidos en la guerra civil; para otros, la preservación de la memoria histórica de una contienda común a todos los españoles. En estas páginas, tres historiadores razonan sobre este tema desde diversos puntos de vista.

El retorno a Cataluña de una parte de los documentos que hoy están en el Archivo de Salamanca debe tratarse con serenidad, sin demagogia, pero con claridad política. Porque el tema fue político en su origen y sólo una solución de carácter político puede zanjar definitivamente esta cuestión.En 1939 la documentación requisada por las tropas franquistas durante la Guerra Civil fue clasificada por los Servicios del Estado Mayor del Ejército quienes, de forma un tanto arbitraria, la dividieron en dos partes: una fue a parar al Archivo Histórico Militar, donde aún permanece; y con la otra se creó el Depósito Documental de Salamanca -no archivo- donde a su vez la documentación fue dividida en dos: la Sección Militar y la Sección Político-Social. La propia denominación de las secciones ya indicaba el destino de esos fondos: servir de base informativa para el Tribunal Especial de Represión de la Masonería y Comunismo, organismo creado en 1940 y que no fue suprimido hasta 1963. Por ello el Depósito de Salamanca dependió exclusivamente de la Presidencia de Gobierno hasta la orden del 7 de mayo de 1979 (BOE del 21-6-1979). Así, durante casi 30 años aquello no fue un archivo histórico sino un depósito documental que formaba parte del aparato represivo del régimen franquista.

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Por lo tanto, fue en 1979, hace casi 16 años, cuando se creó realmente la Sección de Guerra Civil de Salamanca, dependiente del Archivo Histórico Nacional, y cuando finalmente los historiadores pudieron libremente consultar sus fondos, pese a su deficiente clasificación -realizada con criterios policiales- y a la precaria conservación de buena parte de ellos. Este cambio, producido en el inicio de la transición, coincidió con las peticiones formales catalanas de retorno de la documentación incautada: solicitud del senador Josep Benet (1979), votación unánime del Parlament -incluida Alianza Popular- (1981), petición de la Consellería de Cultura (1982). En ese último ano se firmó un convenio entre el Ministerio de Cultura y la Generalitat que no solucionaba en absoluto la cuestión ya que sólo permitía que la institución catalana se hiciera cargo del coste de la clasificación, catalogación y microfilmación de la documentación perteneciente a la Generalitat republicana. Después vinieron años de silencios administrativos, de buenas palabras y nada más. Y ahora, finaImente, cuando la actual ministra de Cultura propone, en un acto de pura justicia democrática, restituir la documentación que fue sustraida de forma ilegal y violenta surgen protestas apasionadas y se abre un debate que amenaza adquirir tonos demagógicos.Si se analiza políticamente esta cuestión, se habrá de convenir que negarse a la restitución de esos fondos a sus legítimos propietarios equivale a sancionar aquella acción incautadora realizada "manu militari". Porque no se le dé más vueltas: no querer reparar una actuación política represiva implica darla por buena, aceptarla. Si es así, eso debe explicitarse. Y por ello debe recordarse públicamente a los políticos, archiveros e historiadores qué se oponen al retorno de esos fondos que su actitud implica no desear que se supere el espíritu de división creado por la Guerra Civil; que están defendiendo que en la España democrática continúe existiendo lo que no deja de ser, de hecho, el "archivo de los vencidos". Lo que sí constituye una "afrenta" a la memoria de lo que significó la Guerra Civil es pretender perpetuar la discriminación y el expolio del que fueron objeto los que perdieron la contienda.

Deben hacerse, aunque considero que no constituyen el núcleo del problema, algunas precisiones a los que argumentan razones técnicas o profesionales para oponerse al retorno de dicha documentación a Cataluña. Afirmar que la unidad del Archivo de Salamanca se rompe si salen los fondos catalanes es falso. Nunca ese archivo ha tenido lo que en técnica archivística se considera "carácter unitario": ni en Salamanca está depositada toda la documentación de la Guerra Civil, ya que está dispersa en numerosos archivos públicos (en el Archivo Histórico Militar, en el de Presidencia del Gobierno, en el Histórico Nacional de Madrid, en el General de la Administración en Alcalá, etcétera); ni sus fondos tienen una cronología coherente (hay mucha documentación anterior a la Guerra Civil, incluso del siglo pasado). Además hay una enorme variedad con respecto a la propia procedencia de la documentación (Generalitat, delegación del Gobierno Vasco en Barcelona, Congreso de los Diputados ayuntamientos, asociaciones, partidos, sindicatos, malicias, logias masónicas, particulares -de personalidades tan dispares como Francesc Macià -muerto en 1933- Francesc Cambó, Joan Casanovas, Federica Montseny, Lluís Nicolau d'Olwer o Marcelino Domingo; e incluso territorialmente, la procedencia es variada y dispar: predomina la documentación de Cataluña, Madrid, Aragón y País Valenciano, pero es reducida la de Andalucía o del País Vasco, por citar territorios de la zona republicana; con respecto a la zona franquista, la documentación es escasísima. Realmente lo único unitario del archivo de Salamanca fue la forma de llegada de los fondos: no como unos depósitos voluntarios sino como fruto del expolio político realizado por el ejército franquista: se trata, de hecho, del archivo de la "ocupación" de la zona republicana.

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Lo que sí son criterios elementales de técnica archivística son el respeto al origen y a la procedencia de los fondos, y ello obligarla a que prevaleciera el restablecimiento de la unidad originaria de la documentación de la Generalitat. Y esa unidad fue rota por la incautación realizada en 1939, pese a que, felizmente, las tropas franquistas no localizaron todos los fondos de la Generalitat y una parte de su documentación permaneció en Barcelona. Por otra parte, afirmar que el retorno a Cataluña de los fondos incautados es "dar marcha atrás a la historia" no me parece un argumento que pueda sostenerse con rigor. Mala opción es defender como principal criterio la política de los hechos consumados, que consagra las injusticias, mantiene pendientes los litigios y sólo responde al típico pragmatismo con el que, con demasiada frecuencia, actúan los que no quieren llegar al fondo de los problemas para resolverlos. También hay quien afirma, para oponerse al traslado de los fondos catalanes, que eso abriría la "veda" a peticiones similares. Pues claro que sí. ¿O es que se pretende devolver lo incautado a unos sí y a otros no? Seamos consecuentes. El carácter político que imperó en la formación de ese fondo documental obliga a que todas las instituciones, partidos y asociaciones, e incluso particulares, que hoy puedan garantizar realmente la custodia, conservación y libre consulta de la documentación que les fue expropiada tengan el derecho a recuperarla. Y eso vale tanto para catalanes como para madrileños, vascos, asturianos, andaluces o valencianos.Algo malo debe pasar hoy en la política española cuando hay que recordar, incluso a personas de claro pasado anti-franquista, cosas tan evidentes como que no puede dejarse pendiente de resolución una cuestión política como esta y que frente a las presiones localistas y gremialistas debe prevalecer siempre el principio de la reparación de las injusticias. Pienso que si los demócratas salmantinos, y entre ellos su alcalde, se pararan a pensar, con calma y sin pasión, la real trascendencia de esta cuestión, no sólo comprenderían las justas razones de los que solicitan que se les devuelva aquello que se les quitó por la fuerza, sino que además aceptarían eso como un acto de solidaridad y generosidad democrática.

Borja de Riquer Permanyer es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Autónoma de Barcelona.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 30 de marzo de 1995