La concesión de la lotería rápida a Elkarri desata las iras de socialistas y populares

Después del éxito de la I Conferencia de Paz organizada por el colectivo pacifista Elkarri, al movimiento que encabeza Jonan Fernández sólo le faltaba ganar a la lotería. Y les ha tocado. La decisión de la Dirección de Juego del Gobierno Vasco de adjudicarles el juego de boletos de la comunidad autónoma aliviará la delicada situación económica que atraviesa el movimiento. De momento, también les ha servido al PP y al PSE-EE para criticar al Ejecutivo autónomo y para provocar la decepción de la otra asociación que optaba a la adjudicación, el Colectivo Vasco de Minusválidos.

La polémica decisión ha cerrado una vez más el acceso al mundo laboral de los discapacitados. Y es que como asegura el coordinador de la asociación de Minusválidos, Txema Alonso, "la paz en este país no se puede sustentar en el juego, pero la incorporación de una parte de los discapacitados al trabajo sí".La oficina del Colectivo Vasco de Minusválidos presentaba ayer un aspecto desangelado. En una esquina de la mesa de trabajo, arrinconada, una copia del proyecto presentado a la Dirección de Juegos y Espectáculos para lograr la gestión de la lotería instantánea en Euskadi. En la carátula se podía leer Proyecto de Explotación de un Sistema de Lotería Instantánea- Lotto azkar (lotería rápida).

Los perdedores intentaron ayer ponerse en contacto durante todo el día con Elkarri para felicitarles. Ni en eso tuvieron éxito. Ante el cariz político que estaba adquiriendo la polémica y aparentemente legal concesión, decidieron exponer ante la opinión pública su opinión.

Primero para aclarar que no querían "ser instrumento político de nadie", en palabras de Txema Alonso. Segundo, para recordar que el Gobierno Vasco había desaprovechado una oportunidad de oro para insertar a los minusválidos en el mundo laboral. El proyecto desechado preveía emplear a 70 discapacitados frente a los 25 puestos que va a crear de hecho el proyecto Ikusi Makusi (Veo Veo).

Y tercero, para asegurar que, aún reconociendo la "solidez técnica del proyecto de Elkarri", ellos contaban con el aval de tres empresas públicas europeas -de Bélgica, Holanda y Francia- dispuestas a colaborar en su opción. La propuesta de Elkarri tiene el aval de la empresa canadiense Babri Tecnologies, una de las sociedades líderes a nivel mundial en el sector de la lotería, que editará el boleto y del control informático de los premios.

En el caso de que se alcancen los niveles de facturación de la anterior explotación (1986-90) -un máximo de 2. 100 millones de pesetas- las arcas de Elkarri estarían más que saneadas. El 43% va a destinado a premios, el 20% revierte en Hacienda y el resto para costes de producción y beneficios. La facturación prevista para el primer año es de 500 millones, con unos beneficios de unos 20.

El PNV, partido que controla el Departamento de Interior, se ha visto arrastrado de nuevo por la polémica. En la concesión anterior, algunos medios de comunicación y sectores del juego relacionaron la adjudicación con un presunto trato de favor al PNV, aspecto que fue negado rotundamente por el entonces consejero de Interior, Luis María Retolaza.

Ahora, el PP y el PSE-EE, justo las dos formaciones que han criticado ferozmente la conferencia de paz de Elkarri y el giro del PNV en materia de pacificación, han aprovechado para meter el dedo en el ojo de los nacionalistas. Ninguno duda de la legalidad de la decisión, pero Jaime Mayor Oreja, según informa Aurora Intxausti, cree que a Elkarri le han premiado de nuevo desde el PNV "Esto es ética y estéticamente impresentable y produce un rechazo inmediato. Es un error de Elkarri y una arbitrariedad del Gobierno".

A los socialistas, además, les produce sorpresa, y advierten sobre la lectura que la propia sociedad vasca pueda hacer de esta concesión, informa Pedro Gorospe. "Cualquiera puede intuir signos evidentes de lo que pudiera ser una conninvencia de intereses entre el mundo nacionalista y el colectivo que encabeza Jonan Fernández", dice el miembro de la ejecutiva del PSE-EE, Rodolfo Ares.

Por su parte, el Departamento vasco de Interior emitió anoche una nota, recogida por Europa Press, en la que calificó de "desacertadas" algunas de las reacciones que se han producido tras el concurso. La Consejería defiende que la adjudicación se ha realizado con la "máxima imparcialidad y rigor jurídico" y asegura que "la legalidad obliga a la Administración a medir a todos por el mismo rasero, sin mostrar preferencias de ninguna clase, tal y como parecen sugerir diversos representantes de partidos políticos y grupos sociales".