El Congreso ratifica que el diputado del PP Fernández de Trocóniz incumplió la norma sobre incompatibilidades

El pleno del Congreso de los Diputados ratificó ayer, con sólo seis abstenciones y un voto en contra, el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que se establece que el parlamentario Fernando Fernández de Trocóniz, del Grupo Popular y abogado del Estado en excedencia, incurrió en incompatibilidad al actuar como letrado y cobrar las minutas correspondientes a 19 ayuntamientos de Salamanca y Zamora, actividad rigurosamente prohibida por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).Tanto las decisiones de la comisión como el debate y la votación de sus dictámenes en el pleno tienen carácter secreto, pero fuentes parlamentarias confirmaron el resultado de la votación.

La ley prohíbe, en efecto, percibir remuneraciones, según establece el dictamen, "cualquiera que sea su forma, del sector público estatal o local y prestar servicios de asesoramiento en favor de organismos o empresas de dicho sector público".

El mismo dictamen aprobado por el pleno del Congreso recuerda que la Comisión del Estatuto de los Diputados tomó sus acuerdos "por unanimidad", es decir, con el voto favorable de todos los diputados, incluido el representante del Grupo Popular.

Honorarios públicos

En el dictamen de la comisión se matiza que al diputado Fernández de Trocóniz se le había autorizado el ejercicio privado de la profesión de abogado, pero sujeto, entre otras limitaciones, a la de no poder percibir honorario alguno por sus actuaciones o cualquier otra forma de remuneración del sector público, "limitación que hasta la cesación en las referidas actividades estaba incumpliendo" Fernández de Trocóniz.

En declaciones a Servimedia, el parlamentario del Partido Popular aseguró ayer que está decidido a recurrir el dictamen aprobado ayer por el Congreso de los Diputados, aunque por el momento no sabe si lo hará ante el Tribunal Supremo, por la vía contencioso administrativa, o bien acudirá al Tribunal Constitucional pidiendo amparo, ya que, a su juicio, él no ha incurrido en ningún tipo de incompatibilidad al asesorar a los municipios.