Prisiones desobedece a Garzón y se niega a cambiar de cárcel a De Justo y Damborenea

Juan de Justo, ex secretario particular de Rafael Vera, y Ricardo García Damborenea, antiguo dirigente de los socialistas vizcaínos, siguen recluidos en Alcalá-Meco (Madrid), pese a que el juez Baltasar Garzón ordenó el pasado jueves su traslado a la recién inaugurada prisión de Soto del Real. La Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios se muestra dispuesta a desobedecer el mandato de Garzón, al entender que éste se extralimita en sus competencias. Fuentes penitenciarias dijeron ayer que "no está previsto el traslado inmediato" de ambos reclusos.. Esta situación supone un nuevo desafío entre Garzón y el equipo del ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, después del pulso suscitado entre ambas partes a propósito de la libertad de que disfrutan los ex policías. José Amedo y Michel Domínguez.

El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, instructor del denominado caso GAL, dictó el pasado jueves un auto que señalaba: "Visto el estado de la causa y por razones que interesan a la instrucción, procede, dentro de las facultades que tiene el juez de instrución respecto de los presos preventivos que tiene a su disposición, acordar el traslado de Juan de Justo Rodríguez a la prisión de Soto del Real". En el caso de García Damborenea, parece que los razonamientos aducidos por el magistrado son exactamente iguales a los utilizados para "acordar" el traslado de Juan de Justo.Fuentes de prisiones ratificaron ayer que el artículo 80 del Reglamento Penitenciario atribuye a la Administración la competencia "para decidir con carácter ordinario o extraordinario la clasificación y destino de los reclusos en los distintos centros penitenciarios". Las mismas fuentes señalan que el juez de instrucción puede "sugerir, aconsejar o solicitar" que un interno sea cambiado de penal, agregando que habitualmente se accede sin problemas, cuando la Administración estima que se trata de una petición razonable.Una incomodidadEnrique Fernández de la Lama, abogado de García Damborenea, confirmó que el juez no explica las razones en que se basa para ordenar el traslado de su cliente. "Creo que Ricardo García Damborenea está bien donde está y a él le da lo mismo estar en una cárcel que en otra. En cualquier caso, el traslado supone una incomodidad", señaló el. letrado.

El abogado no ha presentado ningún recurso porque cree que "lo lógico" es que la Administracíón penitenciaria establezca en qué carcel debe estar cada recluso, al margen de que sea el juez instructor quien indica en qué circunstancias. Según Fernández de la Lama, supondría un desbarajuste que todos los jueces señalasen en qué centro penitenciario concreto quieren tener a cada una de las 40.000 personas que hay actualmente entre rejas.

Un portavoz de Asuntos Penitenciarios dejó entrever ayer que el traslado de García Damborenea y De Justo no se ha producido debido a las jornadas festivas que han mediado desde que Garzón lo ordenó el pasado jueves. Pero fuentes oficiosas sostienen que el motivo real es que hay serias reticencias a cumplir el mandato judicial.

Según un funcionario del Ministerio de Justicia e Interior, este departamento no duda en acatar una orden de traslado cuando el juez alega, por ejemplo, tener indicios de que la seguridad de un preso corre peligro en la cárcel en la que se halla. "Asuntos Penitenciarios prefiere, curarse en salud y, aunque no le conste fehacientemente ese riesgo, opta por cambiar de prisión al interno", señaló el mismo funcionario.

En esta ocasión, Garzón se limita a indicar que hay "razones que interesan a la instrucción" para ordenar el traslado de García Damborena y De Justo al penal de Soto del Real. En el departamento de Belloch se piensa que el magistrado debería ser más claro en sus planteamientos, en lugar de acudir a estas difusas "razones".

Las reticencias para cambiar de hotel a los dos reclusos contrastan con la rapidez con que Asuntos Penitenciarios accedió días atrás a llevar a Julián Sancristóbal, ex director de la Seguridad del Estado, desde Alcalá-Meco a Guadalajara.DiscrepanciasBaltasar Garzón señalaba en el auto dictado el pasado jueves que su decisión de cambiar de prisión a García Damborenea y de Justo se enmarca "dentro de las facultades que tiene el juez de instrucción respecto de los presos preventivos que tiene a su disposición".

Por el contrario, medios penitenciarios señalan que no consta en la legislación correspondiente eso que Garzón asegura con tanta rotundidad. Las mismas fuentes recuerdan que conflictos similares se han planteado en ocasiones anteriores y que, al apelar al arbitraje del juez de Vigilancia Penitenciaria, éste ha dado la razón a la Administración.

Alguno de los abogados de los presuntos implicados en el caso GAL han criticado también la "incomunicación parcial" a que están sometidos sus clientes. Se refieren a que Garzón tiene ordenado que Rafael Vera, ex secretario de Estado para la Seguridad, y García Damborenea estén en módulos diferentes para que no se vean. ni hablen entre sí.

Un letrado considera que la Ley de Enjuiciamiento Criminal sólo establece la incomunicación total y aconseja que esa situación no se prolongue más de cinco días para no aumentar las penalidades de la privación de libertad. El abogado considera "absurda" esta especie de "incomunicación parcial", puesto que los encausados podrían comunicarse por carta o a través de sus familiares.