El Congreso rechaza pedir la clausura de los sistemas de escucha en las cárceles

La comisión de Justicia e Interior rechazó ayer, con los votos de los socialistas y los nacionalistas de Convergencia i Unió (CiU), una proposición no de ley presentada por Izquierda Unida (IU), que contó con el apoyo del Partido Popular, con la que se quería pedir al Gobierno que clausurase definitivamente las instalaciones permanentes para la escucha y grabación de las comunicaciones entre los reclusos y sus abogados o visitas.

El diputado de IU Diego López Garrido defendió la necesidad de terminar con estas instalaciones "permanentes de escucha en las prisiones" para dar cumplimiento a la resolución judicial que falló contra la instalación en Alcalá-Meco. Gil Lázaro, en nombre del PP, apoyó la postura de IU, y José Luis Rodríguez Zapatero, como portavoz del PSOE, se opuso por entender que la resolución judicial está recurrida y es necesario esperar una decisión definitiva de los tribunales.En la misma sesión de la comisión de Justicia e Interior compareció la secretaria de Estado de Interior, Margarita Robles, quien en respuesta a tres preguntas del diputado del PP Francisco Javier Peón negó haber dado ningún tipo de instrucción para que no se estableciesen controles en el País Vasco. Según Robles, el año 1994 se llevaron a cabo 5.024 controles policiales, lo que, dijo, "desmiente que yo haya dado ningún tipo de orden" en contra de estas actuaciones.

Margarita Robles defendió la bondad de los controles policiales en el País Vasco como arma eficaz en la lucha contra el terrorismo, acusó al Partido Popular de utilizar de forma partidista cualquier rumor o noticia no confirmada y dio seguridades de que la coordinación entre el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza (policía autonómica vasca) está garantizada.

Robles contestó también a una serie de preguntas sobre la aplicación y cumplimiento del plan de presencia policial en 11 grandes ciudades. Dijo que no quería ser triunfalista en ningún modo, pero que la experiencia en los dos meses y medio de aplicación del despliegue policial en estas ciudades ha sido positiva, con una disminución porcentual notable de los delitos y con acogida muy favorable por parte de los ciudadanos, que ha transmitido de modo expreso la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos.