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Entrevista:

"En la judicatura no se ha hecho la transición democrática"

Anabel Díez

Javier Sáenz Cosculluela, ex ministro de Obras Públicas, ex secretario general del Grupo Parlamentario Socialista y ahora presidente de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, considera que es tiempo de cambiar la ley según la cual los jueces pueden hacer el camino de ida y vuelta de la política a la judicatura sin parada ni descanso. "Es evidente que pierden la imparcialidad objetiva porque el político es naturalmente parcial de manera que sería conveniente que pasaran un periodo de hibernación". Después de afirmar su confianza en los jueces proclama que en la sociedad todo el mundo responde por "errores o desviaciones", a excepción del poder judicial. "En la judicatura no se ha hecho sustancialmente la transición democrática". Sáenz de Cosculluela afirma que el apoyo de los socialistas al ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, "es claro, cerrado y sin titubeos".Pregunta. Cuando personas del PSOE o de la Administración socialista han empezado a tener problemas con la justicia, muchos de ustedes la han emprendido contra las jueces y les surgen profundas reflexiones sobre la legislación que regula su actividad.

Respuesta. No es así, yo confío plenamente en los jueces y en la justicia; otra cosa es que critique algunas de sus actuaciones. Es evidente que no existe la articulación entre el principio de responsabilidad compatible con la independencia de los jueces. En la sociedad todo el mundo responde por sus errores o desviaciones menos el poder judicial. Los militares, los sindicatos, los partidos... todos han hecho la transición, menos el poder judicial. No se ha hecho la transición democrática en la judicatura. Otro problema que existe es el comportamiento, de jueces o de sus asociaciones haciendo declaraciones políticas todo el día y los demás no pueden decir nada de ellos.

P. Está usted diciendo que los jueces hacen un uso impropio de la libertad de expresión.

R. Digo que las asociaciones de jueces se aproximan mucho a la práctica de la política, algo que no se aprecia, por ejemplo, en los militares. Estoy seguro que esto que digo va a ser inmediatamente contestado por jueces y fiscales. Pues lo vuelvo a decir: creo que los jueces no deben dar opiniones políticas en términos corporativos.

P. No negará que esto se les ha ocurrido después de que el juez Baltasar Garzón abandonara la política.

R. Es muy respetable que los jueces hagan política y la abandonen cuando quieran, pero la vuelta debe pasar por un periodo de hibernación, ya que pierden la imparcialidad objetiva porque han sido políticos, y el político es naturalmente parcial.

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P. Ustedes hicieron la legislación que permitía este camino de ida y vuelta.

R. ¿Por qué no reconocer los errores y subsanarlos? Además, el error es compartido con otros grupos de la Cámara.

P. En estos días en el PSOE se habla de aplicar a los jueces el principio de responsabilidad. ¿Qué preparan ustedes?

R. Estamos en el terreno de la reflexión. Creo que algún mecanismo habrá que encontrar para que todos seamos responsables, para que se aplique la responsabilidad cuando se produzca la arbitrariedad. La democracia exige que todos seamos responsables, y siempre compatible con la independencia de la que deben gozar los jueces. Es difícil, pero no imposible.

P. Los jueces pueden contestarle que las leyes las hacen ustedes, el poder legislativo, y que ellos las aplican.

R. El legislador no puede legislar a toque de corneta. El cambio social puede ser en muchos casos boicoteado por la oposición y algunos intermediarios sociales. El Gobierno no puede hacer machadas continuamente. Respecto a la legislación, creo que la instauración del jurado va a colocar a cada uno en su sitio. El defensor estará en igualdad de condiciones que el acusador; el juez será el garante de un proceso imparcial, y el fiscal será el acusador e instructor del proceso. Hoy el proceso está desequilibrado.

P. Ahora que piensan ustedes en cambiar determinadas leyes quizá incluyen la precisión de las funciones del fiscal general del Estado, respecto al cual sé han levantado voces en su partido al considerar que su dependencia del Gobierno debía ser mayor.

R. En ninguna parte se dice que el fiscal general es autónomo. El fiscal tiene su fidelidad al principio de legalidad y al de imparcialidad, pero no se afirma que es autónomo, como no lo es en ningún país avanzado. Ya no digo el ejemplo de Estados Unidos, donde el fiscal es miembro del Gobierno.

P. Parece que encuentra usted todo mal en lo que se refiere a los administradores de la justicia.

R. En absoluto. Podría decir que en estos años se han hecho unas aportaciones muy importantes en medios materiales y humanos a la justicia por el interés que han tenido todos los ministros en que así fuera., Es verdad que los ciudadanos se siguen quejando del enorme retraso en la celebración de los juicios, pero en buena parte la culpa no es de los jueces, es nuestra. Es verdad que en estos años se han hecho cambios en leyes sustantivas y no en las procesales, en las que el ministro Belloch tiene ahora puesta su atención. Juan Alberto Belloch es muy buen ministro y estoy seguro que llevará adelante las reformas.

P. El ministro Belloch parece que se ha ganado el corazón de los socialistas con su intervención última en el Congreso para explicar el caso Roldán.

R. El apoyo ya lo tenía. Nuestro apoyo a Juan Alberto Belloch es claro, cerrado y sin titubeos. Es nuestro ministro.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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