El Defensor del Pueblo recibió en 1994 casi 4.000 protestas colectivas menos que en 1993

El Defensor del Pueblo recibió en 1994 casi 4.000 quejas menos que en 1993, pero este descenso corresponde a la disminución en la misma cuantía de las protestas colectivas. Las realizadas fueron 18.594, una cantidad ligeramente superior a la de los cuatro primeros años de funcionamiento de la institución. Fernando Álvarez de Miranda, su titular desde el 1 de diciembre pasado, destacó ayer, en la presentación del último informe, que los lamentos más reiterados continúan refiriéndose a la demora de los organismos públicos en contestar a las reclamaciones. También señaló que han aumentado las quejas por malos tratos atribuidos a agentes de las fuerzas de seguridad o vigilantes jurados.

Las quejas sobre malos tratos de este tipo recibidas por el Defensor del Pueblo ascienden a 31. Álvarez de Miranda, que no concretó el incremento de protestas en este ámbito respecto a años anteriores, aportó una amplia relación de casos donde los que se quejan son extranjeros e inmigrantes. El Defensor señaló que estos casos "descubren la desconfianza de la sociedad hacia determinados grupos o razas y demandan sobre todo una acción educativa". Pese al seguimiento riguroso que el Defensor dice haber efectuado, ninguna de estas quejas se ha sustanciado en derivaciones penales ante los tribunales. Las únicas sanciones aplicadas no han pasado del marco disciplinario.Junto a los malos tratos, el rechazo a la LOGSE, el, retraso en la tutela judicial y las carencias de información en la sanidad pública resumen, a grandes rasgos, las quejas que más llegan al Defensor, según el informe sobre la gestión de la institución en 1994, elevado ayer a las Cortes.

Álvarez de Miranda, a diferencia de sus antecesores en la institución, ha realizado una tarea discreta, de espaldas a los medios de comunicación. Pese a ello, remarcó su intención de acercarse más a los sectores más necesitados de la sociedad, precisamente los que menos han reclamado debido a su falta de conocimientos o cultura.

Entre quienes acuden al Defensor predominan las personas de entre 35 y 60 años, con estudios superiores y una situación laboral y económica elevada. Destacan las reclamaciones efectuadas por funcionarios públicos, que acaparan el 50% de las presentadas en el área de la Administración; las viudas y las parejas de hecho, que aparecen por primera vez (2%).

En este documento, como en otros precedentes, llama la atención la reiterada protesta de los ciudadanos por el retraso de las Administraciones en responder a as reclamaciones que se tramitan en sus distintos ámbitos, hecho que demuestra la escasa eficacia de los planes de modernización impulsados desde el misterio competente.

En el ámbito territorial en que el Ministerio de Educación y Ciencia tiene competencias el Defensor alerta sobre el rechazo suscitado en la comunidad educativa a la implantación del nuevo sistema de la LOGSE.

No es el caso de las actuaciones xenófobas o racistas. Apenas se han recibido quejas, pero la actividad del Defensor ha sido particularmente intensa en favor de ciudadanos extranjeros que habían recibido órdenes de expulsión. Su antecesora en funciones, Margarita Retuerto, elevó al Constitucional un recurso contra la Ley de Asilo que logré en parte el respaldo del alto tribunal y obligó al Gobierno a elaborar un desarrollo, de la misma menos oneroso.

La lentitud con que se mueve la Administración de Justicia sigue acaparando un buen número de quejas (1.948). En particular, la jurisdicción contencioso-administrativa invierte excesivo tiempo en la resolución de los casos.

Un volumen similar de protestas se refiere a las prácticas sanitarias, pero, en contra de lo que pueda parecer y a excepción de las listas de espera, el Defensor concluye que la mayoría de las reclamaciones encubren una información defectuosa sobre el acceso a los servicios sanitarios o el proceso de las enfermedades.