Conde "roldaniza" el "caso banesto"

Mario Conde, de profesión abogado, y Mariano Gómez de Liaño, de profesión abogado, venían desde el pasado 30 de enero, el día que el ex banquero recuperé su libertad, dándole vueltas a una idea: cómo conseguir la nulidad de las actuaciones del juez Manuel García-Castellón, el hombre que el 23 de diciembre de 1994 osó en viarle a Alcalá-Meco. El aterrizaje del ex director de la Guardia Civil Luis Roldán en Madrid resolvió el dilema. La primera idea fue elaborar una querella contra el Gobierno en la persona del vicepresidente, Narcís Serra, quien, según el testimonio de Roldán, le encargó realizar en 19 91 un informe sobre las actividades de Mario Conde, que se habría pagado en el exterior con cargo a los fondos reservados (unos 100 millones de pesetas).Aunque Gómez de Liaño coordina la defensa de Conde y otros ex administradores de Banesto, el penalista encargado personalmente del caso era Antonio González Cuéllar, el hombre que sacó literalmente de la cárcel a Conde, un fiscal excedente y ex vocal del Consejo General del Poder, Judicial. González Cuéllar había decidido abandonar el bufete Asesores en Derecho que regenta Gómez de Liaño, incluso antes de obtener la libertad de Conde, con el fin de instalarse por su cuenta. Aunque el ex presidente de Banesto no le llamó prácticamente desde su salida de prisión, Gómez de Liaño consultó a González Cuéllar sobre la posibilidad de una querella contra el Gobierno. Pero el penalista frunció el ceño y Gómez de Liaño entendió enseguida que nunca se prestaría a esa maniobra.

A principios de esta semana, los hermanos gemelos Mariano y Miguel Gómez de Liaño calentaron motores. Las alternativas barajadas eran la presentación de la citada querella contra el Gobierno o, en su defecto, la comparecencia de Mario Conde ante los jueces Baltasar Garzón, que había citado a declarar a Luis Roldán, y ante Manuel García-Castellón, que lleva el caso Banesto. Conde no logró que Garzón picase y éste remitió a sus abogados al Tribunal Supremo. Ayer decidieron personarse. La otra baza, la declaración de Conde ante Gárcía-Castellón es más simple: el ex banquero es querellado y puede declarar cuando quiera sobre el asunto que desee.

¿Por qué Conde y su abogado Gómez de Liaño han decidido ensillar el potro Luis Roldán y montarse sobre él nada más empezar esta zarzuela? Por una razón fundamental: el Informe Crillón, sobre las actividades de Conde en 1991 y primeros de 1992, según Conde y Gómez de Liaño, fue el soporte informativo básico de lapresunta persecución del ex banquero, de la intervención del Banco de España y last but not least, de la querella criminal presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en noviembre de 1994.

¿Y adónde conduce esto? Es evidente: si la información de Kroll, pagada con fondos reservados de Defensa (cuyo titular, Julián García Vargas, era amigo personal del ex banquero), puede considerarse información obtenida de manera ilícita, y la misma ha sido utilizada por el Banco de España y el Gobierno para destituir a Conde y sus amigos, todo el proceso, según Conde, debería declararse nulo.

Fuentes jurídicas indicaron que aun cuando la estrategia de Conde y Gómez de Liaño pudiese parecer a primera vista una maniobra de distracción, se trata de un plan con un objetivo muy concreto: apartar al juez García-Castellón y al fiscal Florentino Orti de la instrucción del sumario. Para ello, una de las primeras ideas contempladas era la presentación de una querella criminal contra el Gobierno, probablemente ante la Audiencia Nacional ya que los pagos a Kroll Associates se hicieron fuera de España, a fin de crear una nueva situación jurídica. Sin embargo, este paso suponía demorar la presencia de Conde y sus abogados en esta fase decisiva de la acción de Roldán ante la justicia. Conde y Gómez de Liaño consideran que Roldán será un excelente testigo de cargo.

En mayo de 1994, tras conocerse en detalle el Informe Crillón -ya en el otoño de 1993 los hombres del banco norteamericano J.P.Morgan y Banesto sabían de su existencia-, Mario Conde dijo en una conversación privada con :su amigo de Buenos Aires, César Catena, socio de Banesto en el Banco Shaw, que había tenido contactos con Luis Roldán. Catena se quedó impresionado y transmitió la información a Pedro Pueyo, presidente de Oasis, otra de las empresas asociadas a Mario Conde. Precisamente, a raíz de las declaraciones de Roldán sobre el citado informe, Conde habló por teléfono con el presidente del Gobierno, Felipe González, en mayo de 1994, antes de ser recibido personalmente en el Palacio de la Moncloa. -Según la versión de Conde, el presidente le aseguró que él nada tenía que ver con las investigaciones de 1991 y primeros de 1992. Conde, pues, concluyó que el responsable era Serra, en línea con Roldán.

El problema de la teoría de la conspiración es que las investigaciones del detective Kroll no tienen su reflejo ni en los documentos de inspección del Banco de España ni en la querella presentada por la Fiscalía contra Conde y los ex administradores de Banesto. En algunos de los 66 folios del Informe Crillón, se habla de comisiones percibidas por el ex presidente de Banesto. Pero no hay ninguna referencia parecida a ello ni en el informe del Banco de España del 1 de febrero de 1994, ni en el acta de intervención, ni en la querella. Incluso- si los autos de prisión de Conde y Roimaní, el ex vicepresidente de Banesto y de la Corporación Industrial, refleja una operación con paquetes de acciones de sociedades cementeras (Hormifasa y Prebetong Aragón), ésta no había sido detectada por Kroll, ya que en su informe se refiere, en todo caso, a Portland Iberia, la mexicana Cemex, que adquirió el grupo cementero Sanson y J.P.Morgan, que negoció la venta.

Las operaciones con Hormifasa (beneficios de 1.226 millones a costa de Banesto, en favor de Data Transmision Systems y Gay Cordon, controlada ésta última por Conde) fueron realizadas en 1990 y no hay mención ni remota a ella en el trabajo de Kroll. La denuncia de Roldán sobre el Informe Kroll permite a Conde encubrir con espectacularidad los delitos de los que se le acusa -apropiaciones indebidas-, pero de ahí a lograr su propósito, según fuentes jurídicas consultadas,' de conseguir la nulidad de las actuaciones de la Fiscalía y del juez García-Castellón existe un trecho muy largo. Ni la influencia del informe Kroll sobre Banesto ni sobre la querella serán fáciles de demostrar. Resta confirmar la presunta ilicitud de esas informaciones.