La investigación del 'caso Cullell' salpica a dos consejeros del Gobierno catalán

La comisión Cullell finalizó ayer la tanda de comparecencias con un interrogatorio de 90 minutos al ex consejero de Política Territorial Josep Maria Cullell. La oposición coincidía en señalar tras la sesión que no se han añadido nuevas pruebas que inculpen al ex consejero, pero tampoco que le exculpen. En cambio, la comisión dispone de documentos que demuestran que sin la cooperación de los consejeros de Bienestar Social, Antoni Comas, y de Economía, Macià Alavedra, no se habría realizado la compra de terrenos destinada a beneficiar al cuñado de Cullell, Joan Vilaró, con dinero procedente del Gobierno catalán.

La de ayer era la primera aparición pública de Cullell desde el pasado 18 de noviembre, cuando anunció su dimisión. Más relajado que entonces, sólo tuvo estas palabras para los periodistas: "Creo que cuando sobre un político planea la sombra de la duda, debe dimitir y pedir una investigación".La sombra planea ahora sobre las cabezas de Comas y Alavedra, según los diputados de la oposición que han intervenido en la investigación. La comisión tiene documentos que prueban que el Gobierno catalán concedió en diciembre de 1991, a propuesta de Comas y Alavedra, un préstamo de 69 millones al Ayuntamiento de Sant Pere de Torelló, que fue destinado a pagar la compra de una de las dos parcelas de la finca de Vilará.

Pero el alcalde ni siquiera había presentado en aquel momento la solicitud de préstamo, y no lo hizo hasta dos semanas después. Tampoco lo pagó, sino que fue el departamento de Comas el que hizo frente a su devolución.

Esta es una de las principales novedades que han trascendido de lo investigado por la comisión, que ha realizado sus trabajos a puerta cerrada y bajo una fuerte presión para que mantuviera el secreto. Pero es un dato más que avala las acusaciones de que, en realidad, las actuaciones administrativas llegaban después de los acuerdos entre los implicados en el asunto.

Y se suma a las evidencias documentales de numerosas irregularidades en la tramitación urbanística, algunas de las cuales fueron aceptadas a regañadientes ayer por el director general de Urbanismo, Joan Anton Solans.

Solans compareció ayer ante la misma comisión, antes de Cullell, y fue sometido a un interrogatorio de cuatro horas. Dos cosas quedaron claras, según explicaron después los diputados: que la revisión del plan urbanístico de Sant Pere de Torelló incorporando la recalificación de la finca de Vilaró no fue sometida a una preceptiva información pública, y que la celeridad con que la Comisión de Urbanismo aprobó esta revisión, validando una irregular tramitación previa, no estaba justificada.

Tanto la actuación de Urbanismo como la de Bienestar Social y la de Economía -ésta a través del Instituto Catalán de Finanzas (ICF)- ratifican a los diputados en la idea de que existía una mano que dirigía la operación desde la sombra. Era, presuntamente, la de Cullell, como sugiere la grabación de la conversación que mantuvo en 1991 con la esposa del alcalde de Sant Pere de Torelló.