60 familias denuncian a la Fundación la Caixa por los “desahucios silenciosos” en varios bloques de vivienda social de Madrid

Vanesa, Raquel o Isabel no se conocen de nada, pero sus caminos se han cruzado gracias a la Fundación la Caixa, y no por buenos motivos. Ellas incluidas, unas 60 familias que viven en bloques de vivienda social en los distritos madrileños de Vallecas y Vicálvaro y en el municipio Pinto desde hace meses han comenzado a sufrir la presión que se siente cuando un casero no quiere renovar el contrato de alquiler, o cuando pone unas cláusulas tan complejas que no hay posibilidad de que el bolsillo aguante. Sienten que es una estrategia de “desahucios silenciosos”. Unidas por la incertidumbre y la desesperación, hoy están en el mismo grupo de inquilinos que denunciará a la Fundación que era propietaria de los inmuebles y que los ha vendido a un fondo de inversión “sin respetar el derecho a la adquisición preferente” de los inquilinos.

Las familias, acompañadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas y el Sindicato de Vivienda de Moratalaz, se han plantado frente a las oficinas de Caixabank en la plaza de Colón esta tarde para protestar contra la empresa. “Entramos a vivir hace seis años con un contrato de alquiler que decía social. ¿Cómo tiene que haber cambiado nuestra vida para que ahora nos propongan comprar el piso en 350.000 euros?”, se pregunta Vanesa García, vecina del bloque de Pinto que recientemente ha pasado de las manos de la InmoCaixa (la rama que gestiona las viviendas de la empresa) a las de un fondo de inversión. Según Vanesa, cuyo contrato se vence en mayo de 2026, la propuesta de venta ni siquiera ha llegado antes de esa operación, sino hace unas pocas semanas.

Los vecinos interpondrán tres demandas, una por cada bloque afectado, para denunciar precisamente que no se ha respetado su derecho legítimo a la compra preferente, como explica el abogado de las familias, Diego Redondo. También reclamarán la ilegalidad de hasta 14 cláusulas que aparecen en los contratos de los inquilinos que consideran abusivas. “La lucha de estos bloques es la prueba clara de la estafa que supone la colaboración público-privada y la idea del alquiler asequible, que es lo que nos están vendiendo como la solución al problema de la vivienda en España”, añade Redondo.

Los vecinos recuerdan que varios de los terrenos en los que fueron construidas esas promociones fueron cedidos por el Ayuntamiento de Madrid para que el programa antes conocido como Obra Social de la Caixa construyera esas promociones de vivienda de alquiler asequible. “Tras haberse beneficiado de subvenciones públicas y desgravaciones fiscales para desarrollar su obra social, CaixaBank persiste en aumentar sus beneficios mediante la especulación con estas viviendas”, argumentan los manifestantes a través de un comunicado.

Ahora, vecinas como una madre soltera, con una niña de cuatro años y en paro, que prefiere no decir su nombre para no enfrentarse a las represalias de su casero debido a su precaria situación, se sienten en un laberinto. La mujer, que vive en uno de estos pisos en Vicálvaro, tendrá que dejarlo el próximo 14 de mayo. “Estoy en los servicios sociales buscando ayuda y trabajo. No es que yo sea pobre, es que ya soy una persona vulnerable”, cuenta la madre.

La Fundación respondió anteriormente a este diario que cuando hay vulnerabilidad acreditada “se actúa siempre de la mano y de forma coordinada con la Administración para buscar alternativas residenciales”, aunque los inquilinos aseguran que hasta el momento no ha ocurrido. La empresa se ha negado a contestar a las preguntas de este diario aludiendo a que ya no son los propietarios de esas viviendas y, por tanto, no tienen nada que decir al respecto.

Según los vecinos, desde que la empresa se fusionó con la antigua Bankia ―procesos que culminó en 2021― el proyecto de la Obra Social se fue diluyendo y la posterior Fundación La Caixa asumió parte de los roles de la antigua obra. “A partir de entonces, se produjeron subidas abusivas de las rentas, contratos no renovados y numerosos desahucios silenciosos, culminando ahora con la venta de todas las promociones en la Comunidad de Madrid con un claro objetivo lucrativo”, aseguran.

Los manifestantes critican que la Fundación quiera hacerse una imagen de “compromiso social” a través de la lucha contra la pobreza o la protección de la infancia, a la vez que la empresa Caixabank es el mayor gran tenedor de vivienda en España. Una parte de los más de 5.700 millones de euros que obtuvo de beneficio en 2024 provienen de los activos inmobiliarios que adquirió el banco tras la crisis económica de 2008 y que ahora ha vendido a fondos de inversión. Varios de esos inmuebles que estaban en su poder formaban parte del parque de viviendas sociales no solo en Madrid, sino también en regiones como Cataluña.

Los afectados han denunciado que dentro de los edificios ya hay pisos de alquiler de temporada que se alquilan por más de 1.000 euros, cuando los inquilinos que antes vivían allí pagaban menos de la mitad de ese precio por la misma casa. Otras propiedades se encuentran incluso en venta, por valores que rondan el cuarto de millón de euros e incluso más.

Durante la manifestación también se ha pedido al Estado que asuma responsabilidades, ya que tiene cerca del 18% de participación en Caixabank. “No solo debe interceder para frenar esta operación, sino que podría hacerse cargo de la adquisición de estas viviendas, por ejemplo, a través del SEPES, garantizando su incorporación al parque público”, reclaman.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto ha llegado hasta la concentración para exigir al consistorio y a la Comunidad de Madrid que tome cartas en el asunto, pero el recibimiento no ha sido el esperado y los vecinos se han quejado de que el PSOE en el Gobierno central no haya hecho nada por la vivienda. “Ya que ha tenido la hipocresía de venir aquí, ¿qué va a hacer su Gobierno al respecto?”, le ha espetado uno de los manifestantes por el altavoz, tras lo cual, la portavoz no ha respondido.

Los contratos de muchos de los vecinos, si no han vencido ya, están próximos a vencerse. Algunos de los que se han ido y, presumiblemente, se irán llevaban residiendo en esas viviendas más de una década. Isabel Hernán lleva exactamente 18 años en su casa de Vallecas junto a su hermana Nieves y se encuentra en estos momentos en la peor situación que podría imaginarse: su contrato de alquiler se termina el próximo 31 de diciembre y su trabajo temporal también. “Nos ha llegado todo de golpe, vamos a tener un fin de año triste”, dice. Tras casi dos décadas sin enfrentarse a la jungla que es el mercado inmobiliario madrileño, Isabel asegura que “ni en Toledo” les ha sido posible encontrar alquiler. Su hermana, que la escucha hablar, interviene: “Es muy triste que tu vida dependa de otros”.