Más Madrid denuncia a la Fiscalía la presunta comisión de seis delitos en la gestión del hospital de Torrejón y pide que tome declaración a su CEO

Más Madrid ha registrado ante la Fiscalía provincial de Madrid una denuncia por la presunta comisión de seis delitos en la gestión del hospital de Torrejón, un centro de la red pública gestionado por una empresa privada (Ribera Salud), tras publicar EL PAÍS un audio de su CEO, Pablo Gallart, en el que este animaba a los mandos del hospital a tener en cuenta en su trabajo la cuenta de resultados del centro. “Seguro que sois capaces de identificar qué procesos no son contributivos para el EBITDA de la sociedad (...) y qué actividad nos interesa más hacer”, dijo. Más Madrid pone la diana en el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso por el rescate de 33 millones que aprobó la Comunidad en julio, como adelantó este diario: considera que la Administración no debe hacer suyos los problemas de un concesionario que opera en régimen de “riesgo y ventura”. También acusa al gobierno de no haber actuado para asegurar la correcta prestación del servicio. Y señala la posibilidad, negada por Ribera Salud, de que se esté discriminando a los pacientes en función de su rentabilidad.

“Denunciamos a la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía por permitir los abusos de Ribera Salud y Quirón”, dice Manuela Bergerot, la portavoz del partido en la Asamblea. “Los términos de contratación de Ribera Salud en el Hospital de Torrejón y las instrucciones conocidas de ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger los beneficios revelan indicios de varios delitos, incluyendo el de discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos”, opina. “Desde que Esperanza Aguirre (presidente regional entre 2003 y 2012) introdujo la gestión privada en la sanidad pública madrileña, los gobiernos del Partido Popular se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud”, argumenta.

En Madrid hay cinco hospitales de gestión privada integrados en la red pública. Quirón opera cuatro: los de Móstoles, Valdemoro y Villalba, en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, a través de un convenio especial. Ribera Salud, por su parte, gestiona un centro en Torrejón. Todos esos hospitales cobran directamente por recibir pacientes de otros centros. Y eso espolea un círculo virtuoso sustentado sobre la mayor disponibilidad de los quirófanos y consultas de los centros de Quirón y Ribera Salud: a más pacientes, más dinero, más inversión en quirófanos e instalaciones y, de nuevo, más pacientes.

El caso de Torrejón, un centro especializado durante años en partos, ha estado en el centro de la polémica desde que este diario desveló un audio de su CEO, Pablo Gallart, que recogía el contenido de una reunión mantenida el 25 de septiembre con cargos del hospital.

“En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, decía Gallart, quien reclamaba “hacer iteraciones”, es decir, ajustes, para “alcanzar un EBITDA [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de cuatro o cinco millones”.

“¿Cuál es nuestra capacidad de gestión?”, se preguntaba Gallart. Y se respondía: “Pues entiendo que somos capaces de determinar la actividad que podemos proveer. O dicho de otra forma, estableciendo la lista de espera quirúrgica, al final nos va a determinar la actividad y, determinando la actividad [...], determinaréis cuáles [son] los gastos y qué nivel de EBITDA tendremos. Todos sabéis que la elasticidad de la cuenta de resultados a la lista de espera es directa”.

Contactado por este diario, Santiago Orio, director gerente del Hospital de Torrejón, dijo entonces: “Ribera tiene único plan: ofrecer una atención de la máxima calidad a los pacientes de Torrejón y de toda la Comunidad de Madrid que eligen ser atendidos en nuestro hospital, tal y como muestran los resultados de las auditorias de diferentes organismos independientes y los registros de la propia Consejería de Sanidad”.

La Comunidad de Madrid reaccionó a la polémica enviando al hospital a equipos de auditores que dijeron no haber encontrado defecto alguno en la gestión. La Administración regional, a través de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, incluso celebró los datos del centro. Hubo, pues, una defensa cerrada del modelo sanitario de Madrid, y de la gestión del hospital de Torrejón.

Ilícitos penales

Sin embargo, Más Madrid considera que “existen claros indicios de que podríamos encontrarnos ante distintos ilícitos penales“. Y lista seis. Entre ellos están los de malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos.

También se plantea la posible existencia de un “delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución”. Aquí la formación de izquierdas argumenta que el artículo 43 de la Carta Magna consagra “la protección de la salud como un derecho y principio rector, obligando a los poderes públicos a tutelar y organizar la salud pública a través de medidas preventivas y las prestaciones y los servicios necesarios”. Y añade que, a su juicio, se podría estar ante un caso de “acto de discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen”.

A esto se añadiría, en opinión de Más Madrid, la necesidad de esclarecer si ha habido un “delito de lesiones”. En este punto, el partido solicita investigar “si las decisiones tomadas respecto al acceso a determinados tratamientos pudieran haber supuesto un menoscabo en la salud o lesiones que precisaran de tratamiento médico en los pacientes afectados”.

Finalmente, se apunta a un “delito de administración desleal”, por cuanto, considera el partido de Bergerot, “la empresa concesionaria (...) ha causado un perjuicio en el patrimonio público administrado, en tanto que el reequilibrio de la concesión que se materializó mediante el pago de julio de 2025 no solo no parece que fuera dirigido a su propio fin, sino que tras dicho abono las decisiones de la empresa concesionaria fueron dirigidas a la búsqueda de un beneficio económico, en contra del fin de prestación sanitaria de la gestión del servicio y, por tanto, de la propia finalidad de la concesión”. Un extremo que Ribera Salud niega.

Por su parte, la Comunidad justificó el rescate del hospital “por gastos no contemplados en inicio, como el gran incremento del gasto farmacéutico de medicamentos innovadores y de alto impacto que no estaban previstos al inicio, junto a otros de medicina nuclear o dispositivos de glucosa [para pacientes diabéticos]”, según explicó entonces un portavoz del gobierno regional.

Ante todo ello, Más Madrid solicita a la Fiscalía que tome declaración a los responsables del Grupo Ribera Salud y Torrejón Salud, S.A., “en particular, D. Pablo Gallart”. Que haga lo mismo con cuatro directivos que denunciaron en el canal ético las medidas propuestas. Y que reclame a la Comunidad de Madrid todas las inspecciones y decisiones adoptadas con respecto a esta concesión desde 2022.