Los gitanos de Móstoles cambiarán sus chabolas por pisos de alquiler

Las 56 familias gitanas asentadas en el barrio de El Soto de Móstoles (199.000 habitantes) serán realojadas en pisos de altura, de los que tendrán que pagar un alquiler que se ajuste a sus recursos económicos. Así lo han acordado el Ayuntamiento de la localidad y la Consejería de Integración Social de la Comunidad en la última reunión que sus responsables han mantenido con el portavoz de las 300 personas de etnia gitana, Juan Carlos Rois.

Con esta medida, ambas administraciones dejan de lanzarse la pelota del realojo de este núcleo chabolista que lleva 15 años en el municipio y ha sido desalojado en dos ocasiones. En El Soto, al que se trasladaron hace ya un año las 56 familias, carecen de un acceso para el paso de camiones de basura y se abastecen de agua a través de cisternas transportadas por el Ayuntamiento. Cansados de esta situación, el colectivo gitano se ha manifestado en varias ocasiones delante del Ayuntamiento para reivindicar el cumplimiento de un acuerdo de junio pasado por el que se cedía suelo municipal para que la Comunidad financiase el realojo en viviendas de autoconstrucción.Ahora el nuevo compromiso de ofertar pisos en alquiler por toda la región ha logrado frenar las movilizaciones, aunque no deja de ser una solución complicada, a juicio del alcalde, José Luis Gallego, porque según él "la mensualidad no debe superar las 30.000 pesetas y deben evitarse posibles guetos".

Este plan comenzará a aplicarse de inmediato con quienes ya puedan pagar el alquiler. El resto deberá esperar y conformarse con los parches que las administraciones colocan para mejorar su calidad de vida. El último ha sido de cinco millones de pesetas, aportados por la Consejería de Integración Social para la construcción de un acceso pavimentado y la traída de agua desde el campo municipal de fútbol, junto al que se sitúa el asentamiento, para la instalación de fuentes y lavaderos de ropa. Sin embargo, la solución al realojo de los 300 gitanos no puede demorarse mucho. De hecho hay un proceso judicial en marcha contra 28 de estas familias que sobrepasaron los límites del terreno propiedad de la institución Escuelas Católicas donde actualmente permanecen para buscar mayor expansión en una parcela colindante cuyo dueño es un vecino de Alcorcón que cursó la correspondiente denuncia por la vía penal.

Como consecuencia de este problema, parte de los chabolistas han declarado ante el titular del juzgado número 7 de la localidad que no se dieron cuenta de que ese suelo ya no pertenecía a Escuelas Católicas.

A principios de febrero se intensificaron las movilizaciones de los gitanos y las críticas del Ayuntamiento a la Comunidad a la que acusaba de no colaborar en la puesta en marcha de los acuerdos alcanzados. Con la reciente solución adoptada, las partes implicadas pretenden que no se produzcan agravios comparativos con otros grupos de población también necesitados de vivienda.