La Xunta subvencionó indebidamente a cuatro empresas con 150 millones

El Consello de Contas (Tribunal de Cuentas) de Galicia advierte, en su último informe de fiscalización, que la Consejería de Industria de la Xunta concedió indebidamente en 1991 casi 150 millones de pesetas en subvenciones a cuatro empresas. Una de las sociedades beneficiadas por estas ayudas públicas está vinculada al entonces senador del PP, Ricardo Pérez Queiruga. El Consello también apunta anomalías en el proceso de concesión de otras subvenciones por un valor global de más de 1.100 millones de pesetas.

La empresa de la familia de Pérez Queiruga, denominada A Poutada SL, recibió 50.790.000 pesetas de subvención pública, cuando, según el órgano fiscalizador, sólo le corresponderían 17.021.000 pesetas de acuerdo con las normas que regulan este tipo de ayudas.La Consejería de Industria certificó que A Poutada había in vertido más de 175 millones de pesetas pero las facturas de la empresa sólo pueden avalar un gasto de 94 millones.

El Consello tampoco pudo constatar que A Poutada crease 15 puestos de trabajo, como figuraba entre las condiciones de la subvención solicitada en 1990, cuando la sociedad estaba aún en proceso de constitución. Pérez Queiruga fue alcalde de Ribeira (La Coruña) hasta 1991 y sena dor en la pasada legislatura.

Otra de las irregularidades descubiertas se refieren a la empresa de Pontevedra, Santaz-Censa SA, que, según el Tribunal de Cuentas autonómico, no de bería haber recibido 90 de los 123 millones de pesetas que le concedió la Xunta. Esta subvención fue desembolsada en tres plazos. En la primera resolución oficial no consta la fecha. En las otras dos figura el nombre del delegado de Industria en Pontevedra pero quien firma es un jefe de sección de ese departamento. Además, la empresa debía 50 millones a Hacienda y parte de la inversión para la que pedía ayudas estaba ya realizada cuando se tramitó la solicitud.

Anomalías en 1.200 millones

El Consello considera que tampoco deberían habérsele concedido 16 millones de pesetas a la sociedad Plásticos de Galicia (que justificó parte de sus inversiones con facturas propias) y 3.200.000 a Rocas Europeas. Con respecto a otras ayudas públicas a empresas, por un valor global de más de 1.100 millones, el órgano fiscalizador, sin llegar a considerarlas indebidas, plantea objeciones al proceso seguido.

El tribunal gallego expone en estos casos una larga lista de anomalías: no se cumplen los planes de viabilidad pactados con la administración, se entrega las subvenciones antes de que se justifique la inversión o ésta se acredita de forma incompleta. Sobre los 200 millones de pesetas que se entregaron a una empresa denominada Zeltifur SA, el Consello advierte que "no hay datos de que la Consejería siga el destino de los fondos".

En general, de los departamentos examinados, el Consello concluye, que la cuenta general de resultados de la Xurita en 1991 refleja "razonablemente" la actividad económica de la administración.

Entre otras anomalías advertidas se destaca la existencia de pagos sin justificar debidamente, la falta de identificación de algunas firmas que tienen acceso a las cuentas bancarias de la Xurita y la duplicidad de pagas extras a funcionarios.

El tribunal se queja de que faltan documentos sobre modificaciones presupuestarias y que no pudo manejar una "relación completa con detalle de los expedientes de obras, suministros, asistencias técnicas y trabajos específicos".