Funcionarios de la UE, sin inmunidad por presunto fraude
La Comisión Europea levantó ayer la inmunidad diplomática de tres funcionarios de la Unión Europea (UE) sospechosos de haber cometido un abuso en el procedimiento de adjudicaciones de servicios y abastecimientos en el sector del turismo, confirmó un portavoz.Los tres presuntos implicados en ese caso de fraude prestaban sus servicios en la Dirección General para las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), Artesanado y Turismo, que está dirigida por el alemán Heinrich Von Moltke.
El portavoz no reveló el montante de lo defraudado ni el nombre o la nacionalidad de los presuntos defraudadores.
Otras fuentes señalaron que el levantamiento de inmunidad afecta a George Tzoanos, de 50 años y jefe de unidad, a su asistente Pascal Chatillon, de 45 y a su secretaria, Heleni Karapiperi, de 45, que había sido transferida a otra dirección general.
La investigación sobre este caso se abrió después de que la Unidad de Coordinación para la Lucha contra el Fraude (UCLAF) en la UE detectara irregularidades en esa dirección, que afectaban a empresas relacionadas con el sector turístico. Por otra parte, la publicación de una investigación sobre el fraude comunitario realizada por el semanario The European dio paso a las autoridades policiales belgas a iniciar sus pesquisas y posteriormente a que el parlamentario británico Edward MacMillan-Scott presentase una denuncia formal ante la policía judicial de Bruselas.
El procurador del Rey de Bruselas pidió esta semana al presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, que levantara la inmunidad de los tres funcionarios para proceder a posibles diligencias penales.
También se ha sabido que la inmunidad diplomática se ha levantado a más personas.
La revelación de este caso coincide con la presentación del programa de lucha antifraude que ha hecho la comisaria europea de Control Financiero, la sueca Anita Gradin, que se ha convertido en uno de los puntos centrales de acción comunitaria durante este año.
Esta es la segunda vez en una semana que la policía judicial belga tiene que actuar en las instituciones comunitarias.
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