Un caso de espionaje telefónico ilegal autorizado por Balladur socava su candidatura presidencial

La primera bomba política de la campaña electoral francesa ha estallado en las manos del primer ministro y principal candidato a la presidencia, Édouard Balladur. La revelación de que autorizó un espionaje telefónico sobre el suegro de un juez, dentro de una operación destinada a paralizar un sumarlo comprometedor para su ministro del Interior, Charles Pasqua, desató ayer una tormenta de ataques contra Balladur. El primer ministro, acorralado, culpó anoche a la policía de haberle mentido y destituyó a Jacques Franquet, director de la policía judicial. También suspendió el procedimiento de urgencia que le permitía ordenar escuchas sin aprobación judicial. Pasqua quedó en una situación delicada.

Balladur afirmó el domingo que el espionaje sobre el doctor Jean-Pierre Maréchal, suegro del juez parisino Eric Halphen, se aprobó el pasado 15 de diciembre "con respeto escrupuloso a las reglas de deontología y los procedimientos legales". Pero ayer mismo refutaron su explicación las tres organizaciones sindicales de la magistratura, recordando que el Tribunal de Apelación de París ya sentenció la ilegalidad de las escuchas. Lo mismo hizo el presidente de la Comisión Nacional de Control de las Intercepciones de Seguridad, Paul Bouchet.Acosado por todas partes, Balladur explicó ayer que a policía judicial le engañó en cuanto a las características del caso Maréchal, y destituyó a su director, Jacques Franquet. También ordenó la suspensión temporal de la ley que le permitió ordenar las escuchas.

La normativa en cuestión fue aprobada en 1991 por el Gobierno socialista de Michel Rocard, con una redacción muy clara: sólo se podían intervenir teléfonos, sin autorización judicial, en caso de terrorismo, tráfico de drogas a gran escala, crimen organizado o si había vidas en peligro inminente. En el caso del doctor Maréchal, según reconoció el propio Édouard Balladur, se trataba de una sospecha de extorsión de fondos organizada por un particular.

El presidente de la Asamblea Nacional e ideólogo del gaullismo social que preconiza Jacques Chirac, Philippe Séguin, anunció el domingo que si "las más altas instancias de la República" no ofrecían una explicación convincente sobre "estos hechos extremadamente graves", sería necesario "crear una comisión de encuesta [parlamentaria]".

El Forum DemocraciaJusticia, que reúne a magistrados, policías y abogados de tendencia conservadora, manifestó a su vez que Balladur no tenía "nada que envidiar a los socialistas en su gestión de los escándalos y en sus tentativas de manipulación de la institución judicial".

Obstruir al juez

La intervención en el caso Maréchal es especialmente comprometedora para Balladur, tres de cuyos ministros han sido procesados por corrupción, ya que el presunto caso fue organizado por el propio ministro del Interior, CharlesPasqua, para obstruir una investigación del juez Eric Halphen sobre la presunta financiación ¡legal de la Reagrupación para la República (RPR), el partido al que pertenecen tanto Balladur como Pasqua.

El juez se estaba dedicando en diciembre a seguir en el departamento de Hauts-de-Seine una red de falsas facturas y de corrupción en la construcción de vivienda! sociales.. Hauts-de-Seine, limítrofe con París, es el departamento más rico de Francia. Y su presidente no es otro que Charles Pasqua, ministro del Interior y máximo candidato primer ministro si Balladur gana la presidencia.

La idea de Pasqua fue tentaral suegro del juez con un millón de francos para que "intercediera" ante su yerno. La operación fue realizada por Didier Schuller, un hombre de confianza del ministro, y en el momento oportuno, 21 de diciembre pasado, se dio la vuelta al asunto y se hizo detener a Maréchal por intento de extorsión. Según el plan trazado en el Ministerio del Interior, la aparición de su suegro en el sumario tenía que forzar al juez Halphen a traspasar el caso a otro magistrado, con la consiguiente paralización temporal.

Las cosas le habrían salido bien a Pasqua de no intervenir el presidente de la República, François Mitterrand, quien olisqueó la maniobra y pidió al Consejo Superior de la Magistratura que se pronunciara sobre el caso.

El Consejo hizo pública su sospecha de manipulación y hace dos semanas el Tribunal de Apelación emitió una sentencia en ese mismo sentido.